OPINIÓN

Solidaridad por los derechos humanos de los pueblos migrantes y refugiados

18.12.2019 | 08:37

CON motivo de la celebración mañana, día 18, del Día Internacional del Migrante, se celebraran diversos actos públicos y manifestaciones en todo Europa -también en Bilbao, convocada por Ongi Etorri Errefuxiatuak, CEAR Euskadi, Harresiak Apurtuz y Amnistia Internacional- de denuncia de la vulneración de sus derechos. Resulta especialmente relevante la convocatoria internacional hecha por convocantes y participantes de la 45ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada en seis Audiencias (en Barcelona, Palermo, París, Londres y Bruselas) sobre las violaciones con impunidad de los derechos humanos de los pueblos migrantes y refugiados.

La convocatoria invita a actuar conjuntamente para terminar con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos fundamentales -a la vida, a la dignidad, al trabajo, a la salud, a buscar un futuro- que los pueblos refugiados y migrantes están experimentando en sus viajes de desplazamiento forzoso, en las fronteras y dentro de la Europa Fortaleza. También con las políticas de la Comisión Europea y los Estados miembros sobre cero posibilidades de vías migratorias regulares; externalización y securitización de fronteras y acuerdos como el de UE-Turquía, Italia-Libia con detención generalizada de pueblos migrantes y refugiados; y prácticas de necropolíticas que prohíben el rescate marítimo.

Asimismo, se pretende dar fin a las formas de desplazamiento forzoso -incluyendo la limpieza étnica, los desastres climáticos y medioambientales que llevan a la migración interna e internacional- y a la criminalización de los migrantes, refugiados y actores sociales que, individual y colectivamente ejercen prácticas y responsabilidades de solidaridad hacia los pueblos migrantes y refugiados. En definitiva, con el intrincado sistema de estructuras racistas, patriarcales y autoritarias que afianzan la discriminación, la xenofobia y la islamofobia.

Asimismo un manifiesto adjunto del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha sido suscrito por un amplio espectro de organizaciones europeas y se entregará a los Comisarios de la UE (a la responsable de Migración y Asilo y al de Protección de nuestro modo de vida europeo), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y al Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes. El manifiesto desarrolla y explicita contundentemente los denuncias y exigencias que conforman la convocatoria casi dos décadas después de que la Asamblea General de la ONU decidiera el año 2000 proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante, dada "la necesidad de seguir tratando de asegurar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes". Se constata hoy, sin embargo, que estos objetivos están muy lejos de ser alcanzados y que en los países más ricos se siguen levantando muros físicos y jurídicos para evitar que personas de diferentes orígenes puedan ejercer su derecho a migrar o regresar a sus países.

A punto de cumplirse el primer aniversario de la aprobación del Pacto Mundial para una Migración segura, ordenada y regular por la ONU, se comprueba su inutilidad ya que además de no ser obligatorio para los Estados sólo contiene medidas de control, identificación y regulación junto a declaraciones de intenciones sin contenido, sirviendo sólo como lavado de imagen de políticas migratorias que siguen priorizando los intereses y beneficios del capital y del mercado sobre los derechos de los pueblos migrantes y refugiados. Y la Unión Europea tiene una gran responsabilidad en la generación de una situación que en toda Europa supone un "ambiente hostil" en el que se están cometiendo violaciones sistemáticas de los derechos de los migrantes y refugiados. La magnitud de lo que es sin duda una grave crisis del valores humanos se refleja en las siguientes cifras: desde 2014, aproximadamente 20.000 migrantes, mujeres, hombres, ancianos, niños, murieron ahogados intentando atravesar el Mediterráneo. Además, la UE optó en 2016 por vender los derechos de los migrantes a Turquía y el gobierno griego acordó utilizar las islas griegas como "áreas de detención", en las que 35.000 migrantes y refugiados están atrapados en condiciones inhumanas.

Las graves violaciones de los derechos humanos se producen a lo largo de la ruta migratoria, desde el país de origen hasta los países de destino y permanencia, en las fronteras externas e internas de Europa y en el territorio de los países miembros. La UE y los Estados miembros han sido responsables directa e indirectamente de estos crímenes del sistema: la tortura y maltrato, el no respeto de la obligación de salvar vidas en el mar, de las disposiciones de las Convenciones de Ginebra, y del principio de no devolución.

La migración es un derecho, pero en muchas ocasiones es también producto de un desplazamiento forzoso generado por las guerras, las persecuciones ideológicas, étnicas, sexuales o religiosas; o resultado de las prácticas de empresas transnacionales que, en acuerdo con los gobiernos de distintos países en África, América Latina y Asia, expulsan a las poblaciones locales para apropiarse de sus recursos. Y la migración interna inducida por el clima todavía no recibe la atención adecuada. Se estima que, para 2050 más de 140 millones de personas de todo el mundo se verán obligadas a migrar internamente. Los países ricos y sus corporaciones son históricamente responsables del cambio climático y, por lo tanto, deberían asumir la responsabilidad con respecto a las migraciones inducidas por el clima.

No existe una "crisis de los migrantes", lo que hay es una crisis del sistema capitalista y de las políticas de estado que deforman una situación que es parte de la historia de la humanidad, el derecho a migrar.

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