eL brote de listeriosis que ha causado al menos tres muertes en Andalucía y afectado a dos centenares de personas muestra las diferencias existentes entre los distintos controles sanitarios que deben superar las empresas alimentarias según en qué comunidad autónoma se encuentren. José Marín, el gerente de la empresa Magrudis que comercializaba la carne contaminada que provocó la epidemia, reconoció sin pudor que no recordaba la fecha exacta en que sus instalaciones fueron examinadas por técnicos especialistas de la Junta de Andalucía. 38 años después del escándalo que produjo el millar de muertes que provocó el aceite de colza desnaturalizado España, y salvando todas las distancias existentes entre ambos casos, continúa siendo un país de charanga y pandereta, donde los más pillos campan a sus anchas con el beneplácito de las autoridades, siempre dispuestas a mirar hacia otro lado. Porque en este caso Marín será el crucificado, pero la gestión de la crisis que protagonizaron la Junta de Andalucía y su consejería de Salud y Familias, ambas en manos del Partido Popular, evidencian la dejadez con que algunos políticos afrontan momentos de crisis que afectan a la vida de los ciudadanos. Sin embargo, nadie dimite. Incluso el consejero Jesús Aguirre osó decir que la gestión de su departamento fue “transparente e impecable”. Lo dicho: bienvenidos al sur.
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