Asumir nuestra obligación

LA contabilidad de las peticiones de asilo registradas en Euskadi en los cinco primeros meses de 2019 (2.075, quinientas más que en todo 2018) y la experiencia del pasado año, cuando en apenas dos meses, del 28 de junio al 26 de agosto, los centros vascos atendieron a 3.024 inmigrantes en tránsito hacia Europa; avanzan que la presión migratoria no se detiene sino, todo lo contrario, alcanzará de nuevo cifras de récord. Son las dos vertientes de la parte alicuota y éticamente irrechazable que toca a la sociedad vasca en ese desafío humanitario de los más de 70 millones de personas forzadas a desplazarse por el mundo: la acogida a quienes solicitan quedarse y la atención a quienes hacen de nuestro país una etapa hacia otro destino. En la primera, las carencias son evidentes dado que el 75% de las demandas de asilo que se tramitan son denegadas por el Estado, que mantiene pendientes 102.890 solicitudes, con un incremento de en torno a siete mil mensuales, pese a que el propio origen de los solicitantes -venezolanos, colombianos, sirios...- evidencia la necesidad y la violencia que siempre han impulsado los flujos migratorios, históricamente constantes en Euskadi en ambos sentidos. Flujos que tampoco ahora, en este siglo XXI, son una realidad nueva puesto que han conformado ya una parte importante, el 10%, de una sociedad, la nuestra, que, frente al populismo del discurso xenófobo, también precisa de la aportación de los nuevos vascos. En la segunda vertiente, la atención al tránsito de quienes buscan otras metas, el esfuerzo de las instituciones y las organizaciones de ayuda a los refugiados e inmigrantes, con la puesta en marcha en Euskadi de centros de acogida y programas de ayuda, es creciente y aún así se ve desbordado por el paulatino incremento de las llegadas (65.383 irregulares “contabilizados” el pasado año en el Estado) y la presión de las mafias que los envían desde el sur de la península hacia Europa. Este año, además, con los interrogantes que suscita un posible cierre de fronteras por Francia ante la celebración del 24 al 26 de agosto de la cumbre del G7 en Biarritz. Se trata, en todo caso, de una obligación ética, la de cumplir con nuestra parte de responsabilidad, también con la legalidad internacional del derecho humanitario que desde los Estados que forman Europa tantas veces está siendo ignorada.