El clima como prioridad

LA presentación del Perfil Ambiental de Euskadi 2018 y las proyecciones a corto y medio plazo dadas a conocer recientemente respecto al impacto del cambio climático en nuestro país sitúan las políticas ambientales en un nivel prioritario por la relevancia de sus efectos en la propia sociedad vasca y por la urgencia de prevenirlos y paliarlos. No se trata, ni mucho menos, de un camino por iniciar. Ya hace una década se implementó el Plan Vasco contra el Cambio Climático y en 2015 se puso en marcha la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco Klima 2050 con el objetivo de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer modelos de adaptación a los impactos ambientales, económicos y sociales que provoca el calentamiento global. Sin embargo, pese a que esa reducción de emisiones ha sido significativa y alcanza el 26% respecto a 2005, es decir casi dos tercios del 40% previsto para el año 2030, aún se sitúa lejos de los compromisos y objetivos que Euskadi se ha marcado en consonancia con el Acuerdo de París y su participación e intención de liderazgo en la red de gobiernos regionales para el desarrollo sostenible. No en vano, que esa reducción haya tenido como principal protagonista a la industria y, sin embargo, presente una evolución negativa en el transporte, que emite el 28% de nuestras emisiones, es un indicio de que la transformación está más ligada a las propias necesidades de la transición industrial de nuestro país, que no debe desligarse de los valores que le otorgan competitividad, que del verdadero efecto de la concienciación en nuestras costumbres -pese al relativo éxito del reciclaje del 37% de los residuos urbanos- o de la profundidad del cambio del modelo energético hacia una economía sostenible basada en energías renovables y eficiencia energética. La aprobación de la ley vasca del cambio climático, cuyos primeros trabajos parlamentarios datan de nada menos que 2011, constituye por tanto una necesidad ahora ya imperiosa si se pretende alcanzar la descarbonización de nuestro país en 2050, pero también de cara a establecer los mecanismos necesarios que permitan afrontar los efectos del aumento de temperaturas y las alteraciones metereológicas -con incidencias en la salud pública que ya han sido estudiadas- previstos en las próximas décadas.