EL traslado de los presos Olga Sanz y Xabier Moreno desde la prisión de Asturias a la de Basauri es un movimiento absolutamente legal y totalmente ajustado a derecho, tal y como han afirmado con rotundidad las asociaciones de víctimas del terrorismo, y en ningún caso se trata de un acercamiento que -de momento- suponga un cambio en la política penitenciaria de alejamiento que se lleva a cabo desde hace décadas con los reclusos de ETA. Estos dos presos -que llevan veinte años en la cárcel- han cumplido todos los requisitos exigidos no solo para estar en una prisión cercana a su domicilio -como cualquier interno- sino para estar en tercer grado penitenciario: se han desvinculado de ETA y del colectivo de presos de la banda, el EPPK; han hecho autocrítica de forma clara respecto del uso de la violencia, han pedido perdón, han accedido a beneficios penitenciarios, se han puesto a disposición de la justicia para colaborar y se han comprometido a hacer frente a su responsabilidad civil con las víctimas. En definitiva, se trata de un traslado fruto de una aplicación estricta de la legalidad penitenciaria. Es más, el juez de Vigilancia Penitenciaria concedió el tercer grado a ambos presos tras el informe favorable de reinserción que elaboró Instituciones Penitenciarias durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según aclaró la propia presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien insistió en que el PP ya tenía pactados los acercamientos de presos de ETA antes de ser desalojado de La Moncloa. Sin embargo, diferentes dirigentes populares se encargaron ayer de manipular este movimiento de forma grosera y torticera, poniendo en cuestión su legalidad y presentándolo como un “peaje político” del Gobierno de Pedro Sánchez. Una prueba más de la hipocresía política del PP, de su estrategia dirigida únicamente a desgastar al Ejecutivo y de su mezquina decisión de utilizar cualquier asunto relacionado con el terrorismo para hacer oposición. La secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, insistió ayer en que estarán “vigilantes” ante los movimientos que haga el Gobierno y reiteró que saldrán a la calle “si no se cumple la ley”. Más allá de ello, el traslado de estos dos presos afianza el camino que ya se trazó con la vía Nanclares en la búsqueda de la reinserción, objetivo que la ley, precisamente, fija como prioritario para todas las personas privadas de libertad.
