COMIENZA a estructurarse entre los partidos y lobbies de la capital española una corriente que empuja hacia un adelanto electoral que ponga fin anticipadamente al gobierno de Pedro Sánchez. Una vez dilucidado el liderazgo del Partido Popular, se suman voces que parecen interesadas en testar el efecto novedad que aporta Pablo Casado frente a Albert Rivera en el duelo que la derecha española se dispone a disputar. También las circunstancias internas del soberanismo catalán en el ámbito que concierne al PDeCAT han puesto sordina a su respaldo dentro de la exigua mayoría parlamentaria que hizo presidente a Sánchez. Igualmente, esta amenaza de dejar en minoría al Gobierno socialista tiene que ver más con el control de Carles Puigdemont sobre su grupo parlamentario en el Congreso que con un escenario de mayor viabilidad del proyecto soberanista de la mano de unas elecciones en el Estado. Desde una perspectiva de Euskadi, los factores a resolver en esa eventual cita con las urnas tienen bien poco que ver con las necesidades y prioridades sociales, políticas y económicas de los vascos. Ni el liderazgo de la derecha española -PP versus Ciudadanos- ni el de la izquierda -PSOE versus Podemos- son pulsos en los que el desarrollo del país obtenga ventajas. Ni Casado ni Rivera van a ser interlocutores sensibles a la realidad vasca. En consecuencia, la agenda vasca en términos de desarrollo social, de crecimiento económico y de estatus político no tiene nada que ganar si de ese paso por las urnas surge un giro a la derecha. Y la expectativa de un PSOE y un PP reforzados ante el votante por el protagonismo adquirido por sus respectivos líderes solo puede dirigir hacia la restitución del bipartidismo apenas dos años después de que se diera por defenestrado. Por el contrario, un escenario de estabilidad que permita identificar la ruta en la que el proyecto de Sánchez pretende avanzar puede aportar la debida normalización de la vida política tras una primavera y un verano convulsos. Para Euskadi, como se ha acreditado con los últimos acuerdos para desbloquear normas recurridas, hay más terreno de juego, más margen de acción política y más posibilidades de influencia. Y todo, bajo la amenaza de reformas electorales que pretenden minimizar el peso de los partidos periféricos.