UNA oferta de empleo público (OPE) es una iniciativa de trascendencia para el conjunto de una sociedad. Se trata del convenio que esa sociedad, a través de sus instituciones, suscribe con los empleados que serán seleccionados para prestarle servicio. Es un compromiso de entidad que debe ser fiable en los procedimientos de selección y la capacitación óptima de las personas que se incorporan a la función pública. Pocos ámbitos públicos resultan más sensibles que la prestación de servicios sanitarios. Por ello, la responsabilidad de que todo lo relativo a este ámbito se gestione con especial sensibilidad hacia esos principio de fiabilidad y capacitación es clave para mantener la confianza de los administrados. Una responsabilidad que afecta a los gestores pero también a quienes tienen la función de actuar en nombre de la sociedad en las instituciones de control. En el caso de las presuntas irregularidades en varios exámenes de la última OPE de Osakidetza se corre el riesgo de que el debido celo en el control de la acción pública se confunda con la escenificación de una presión basada en supuestos y sobreentendidos según indicios que carecen aún de la calidad debida para convertirse en pruebas. En ese sentido, la debida exigencia de que quede clarificada la gestión de los exámenes, de su custodia en aras del principio de igualdad y del método de corrección requiere de algo más que la acusación pública a responsables políticos. Afirmaciones como las escuchadas desde EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que sostienen que el enchufismo y el amiguismo son el procedimiento habitual de selección en el Servicio Vasco de Salud son un exceso en tanto no se acredite con pruebas. Cuestionar la calidad y compromiso del conjunto de profesionales que han ingresado en el servicio público no es legítimo. ¿Dónde está la línea que define quién es el enchufado y quién no en una OPE? La política debe practicarse con responsabilidad. La superposición de investigaciones internas, denuncias a la Fiscalía y comisiones parlamentarias aporta debate, pero no soluciones. La Fiscalía ya entiende el asunto y sus conclusiones deberán ser las que determinen los pasos posteriores. También Osakidetza deberá adoptar medidas en función de sus propios análisis. Y después, si se acredita la mala praxis, cabrá exigir las responsabilidades políticas. Lo demás es ruido.