Populismo por definición

LA advertencia lanzada por Ciudadanos, a través de su secretario general, José Manuel Villegas, que es quien negoció el acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con el ministro Cristóbal Montoro, de que darían marcha atrás en dicho acuerdo y no apoyarían el proyecto presupuestario si el Gobierno de Mariano Rajoy se aviene a transferir a Euskadi la gestión económica de la Seguridad Social, define en toda su extensión la radical política recentralizante y el exacerbado populismo sobre el que el partido naranja desarrolla su actuación política. Lo hace, por supuesto, en cuanto a que negarse a la trasferencia como condición ineludible es una enmienda al autogobierno vasco a través del cuestionamiento de la legalidad vigente y/o un desvergonzado desconocimiento de la ley, ya que pretende prolongar, cuatro décadas después, el incumplimiento de la misma, más concretamente del artículo 18.2.b del Estatuto de Gernika por el que “en materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco: la gestión del régimen económico de la Seguridad Social”. También porque el apoyo de C’s a los presupuestos depende así de una única condición que retrata no ya el talante del partido que lidera Rivera, que también, sino incluso su nivel de compromiso -y la confianza que este merece- con unas cuentas a las que ha venido mostrando su apoyo por considerarlas buenas para el Estado. ¿Impediría acaso el cumplimiento de la ley todo lo que C’s encontraba positivo en el proyecto de Presupuestos? Pero, además, C’s exhibe un desconocimiento muy preocupante para un partido que se pretende alternativa de gobierno cuando vincula la transferencia a “la ruptura de la caja única de la Seguridad Social” o en su defecto esgrime una notoria falsedad como argumento tratando de conformar un estado de opinión pública y de esparcir la peligrosa duda de la insolidaridad y el agravio comparativo sobre una sociedad española que se muestra preocupada de manera extrema por el sistema de pensiones y de Seguridad Social. No en vano, la obtención de la capacidad de gestión de su régimen económico por la Administración vasca no interfiere en ningún caso en la denominada “caja única” y por el contrario podría ofrecer vías de desahogo, cuando no ejemplos de solución, al problema de sostenibilidad del sistema.