SI entendemos que la participación política es uno de los fundamentos de una convivencia saludable, hemos de concluir que necesitamos modelos institucionales que favorezcan una gobernanza participativa. Sin los medios (o con los medios limitados) para desarrollar esa buena gobernanza, no será posible completar una plaza pública en la que quepamos todos. ¿Gobernamos o nos gobiernan?

Además, desaparecida la violencia de la escena, aflora el antiguo contencioso vasco, identificado con la insatisfacción de amplios sectores de la población con el estatus de autogobierno de que disponen. Este es un debate que se está extendiendo por todos los territorios de la nueva Vasconia. El tema no es nada pacífico. Las visiones sobre el citado contencioso son diversas y enfrentadas, en el mismo ámbito vasco-navarro. Por eso, se demanda un avance en el autogobierno basado en el pacto entre diferentes. El acierto en la resolución de esta cuestión favorecería la convivencia entre las instituciones vasco-navarras y entre éstas y el Estado.

¿Es irresoluble el contencioso histórico vasco? Muchos viven el debate sobre los nuevos estatus de Vasconia como una gran oportunidad para la mejora de la convivencia política. Una oportunidad que es un gran reto para los que desean una mayor integración entre sociedad y política vascas, unas relaciones de convivencia entre instituciones (vasco-navarras y estatales) basadas en el consentimiento y el respeto mutuo, y la adecuación del autogobierno vasco-navarro a los nuevos marcos, tanto europeo como global.

¿Nuevo proceso instituyente? Cesadas las violencias, la apuesta del convivir nos exige plantearnos si la realización de un nuevo proceso instituyente, con el objetivo de redefinir nuestra realidad a partir de fundamentos sociales e institucionales compartidos, puede ser plausible y puede tener efectos positivos duraderos.

Con el objetivo de responder a esta pregunta, la Fundación Oreki reunía en Deusto el segundo Seminario Pako Garmendia, que se ha desarrollado bajo el título general “Pactar entre diferentes para mejorar nuestra convivencia político-institucional en una nueva Vasconia”, tema abordado a partir de las ponencias de Kepa Bilbao, Gregorio Monreal, Asier Aranbarri y Juanjo Álvarez.

Los objetivos son varios. En primer lugar, realizar una acción práctica de aproximación de la sociedad civil a los temas de la agenda político-institucional. En segundo lugar, promover el conocimiento y la adaptación de los fundamentos de la doctrina jurídico-institucional que respaldan nuestro estatus diferencial, en el que se fusionan la expresión de la voluntad democrática con la identidad política histórico-foral. Y, en tercer lugar, sensibilizar acerca de la necesidad de actualizar un proyecto común que, sin perder su sentido histórico, debería integrar los valores que portan las nuevas generaciones y acomodarse a la situación presente del marco europeo y global.

Las dificultades se refieren al logro de una unión transversal en el interior y la predisposición del Estado a un nuevo pacto de estatus. El debate sobre las viabilidades, por su parte, se produciría entre la vía bilateral que apela a los derechos históricos y la vía autodeterminista pura y dura. Que los integrantes de la sociedad vasca moderna no se mueven en una única dirección es una dificultad conocida a la que hay que prestar toda la atención si queremos promover una convivencia sólida ad intra. Esta realidad nos obliga a conjugar un pluralismo de signo integrador frente a faccionalismos (de carácter ideológico o territorial), que pueden recrear escenarios de confrontación agudizada.

¿En qué medida la idea de nación foral, y su consecuencia como transformación de la CAV en Comunidad Foral, puede ayudar a este objeto? La realidad de un modelo institucional interno de matriz federativa foral y la previsión de un escenario de consolidación de prácticas consocionales pueden contribuir a crear confianzas transversales e institucionalizar pautas de integración entre diferentes que serán fundamentales para la construcción de proyectos de futuro.

Derechos históricos En la evolución del constitucionalismo español vamos a encontrar un impedimento de más difícil solución. ¿Qué cabe hacer ante una Constitución construida sobre la base de un único sujeto constituyente que plantea un déficit de legitimidad irresoluble y que está resguardada por una dogmática sacralizada que se ha hecho predominante entre los constitucionalistas españoles?

La acción político-institucional debe buscar permanentemente la creación de oportunidades. Pero, para lograrlo, debe contar con un relato que inspire y estimule un proyecto de mejora de lo conocido, que cree la legitimidad popular que aspira a ser instituida y legalizada. Algunos apelan a la vía de los derechos históricos como relato legitimatorio. De esta manera, la nación foral sería la nación que se articula mediante la actualización de los derechos históricos que configuran el régimen foral.

Lo fundamental es que la cláusula de reserva del Estatuto faculta al Pueblo Vasco y a sus representantes para tomar la iniciativa de reclamarlos. Y esta vía necesita que, en el lado del Estado, haya un interlocutor dispuesto al pacto que interprete de manera dúctil la Adicional Primera de la Constitución española, tal y como sucedió durante la negociación del pacto estatutario. La búsqueda de esta interpretación dúctil podría exigir desconstitucionalizar el discurso, situándolo más en el plano de la bilateralidad política que en la inserción en el marco jurídico constitucional.

En este plano bilateral se abriría la posibilidad de un Concierto Político que debería estar provisto de garantías y condiciones de lealtad. Este enfoque conllevaría el reconocimiento recíproco y la aceptación de la mutua dependencia, abandonando “la obsesión por derechos soberanos excluyentes”, como diría Pako Garmendia. Pero así se podría evitar también que rubriquemos una norma constitucional con un claro déficit de legitimidad y que quedemos capturados en el magma multilateral de la organización territorial del Estado.

En todo caso, a pesar del agarrotamiento del constitucionalismo español, la realidad europea abre otras opciones para la transformación de la realidad social e institucional vasca. La Unión Europea es el marco referencial del siglo XXI. Sin lugar a dudas, esta referencia a Europa complementa y fortalece el discurso delimitado en el punto anterior, puede adquirir gran relevancia en la defensa de una flexibilización del derecho y abre grandes posibilidades prácticas en los ámbitos transfronterizo e internacional.

En Europa se está difuminando el concepto de soberanía estatal en favor de una concepción menos vertical, menos jerárquica y menos rígida de la detentación del poder político. La soberanía clásica no es, por lo tanto, la clave en torno a la que ahora se debieran alinear nuestras fuerzas. La cuestión central se dilucidaría en torno a situarse en una posición de interdependencia lo más favorable posible o aceptar la dependencia y la subalternidad hasta incluso perder la propia identidad como pueblo.

En este contexto, habría que aprovechar las potencialidades de las eurorregiones. En concreto, la eurorregión Aquitania-Euskadi-Nafarroa tiene posibilidades inexploradas para articular experiencias y mecanismos institucionales de cooperación que hagan visible la realidad de una Euskal Herria situada a ambos lados de los Pirineos, y que podría contribuir a resaltar el papel de los pueblos en la construcción europea.

Finalmente, al margen de las capacidades que se desprenden de las instituciones formales (que nos pueden permitir acordar convenios y tratados), los vascos tenemos una tradición diplomática -la creada en torno al Gobierno de Aguirre- que nos habría de servir de referencia para ser capaces de organizar una amplia red de intereses que potencie nuestra dimensión internacional.