Unas elecciones extrañas

DICE la líder de Ciudadanos (C’s), Inés Arrimadas, que ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña del pasado 21 de diciembre (21-D). Extraña victoria que no sirve para gobernar. Más extraño todavía, el partido que disolvió el Parlamento y convocó las elecciones ha tenido menos de 200.000 votos, el 4,2% del total, y solo cuatro diputados que no dan ni para formar grupo parlamentario propio. Igualmente extraño, aquellos partidos y dirigentes que, según el Fiscal General del Estado, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, han cometido presuntamente toda clase de fechorías hasta poner en riesgo la unidad de España -eterna, inmutable e indiscutible puesto que constituye una unidad de destino en lo universal como decían sin ambages los franquistas- y pueden ser acusados nada menos que de los delitos de rebelión y sedición, no solo han revalidado la mayoría absoluta sino que son los únicos que tienen opciones de gobernar de nuevo. “Qué raros son estos catalanes”, debe estar cavilando un melancólico Mariano Rajoy estos días navideños en La Moncloa?

Veamos, pues, qué es lo que ha sucedido. Tras el referéndum del 1 de octubre -ese que no se iba a celebrar según los portavoces gubernamentales de Madrid porque no habría urnas ni papeletas pero en el que, a pesar de la contundente acción policial, acabaron votando más de 2.000.000 de ciudadanos-, el Parlamento de Catalunya aprobó el pasado día 27 de octubre, por setenta votos a favor, diez en contra, dos abstenciones y 53 ausentes, una declaración de independencia y la ley de transitoriedad jurídica. Inmediatamente, Rajoy solicitó del Senado la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución. Con el aval del 155, Rajoy cesó al gobierno de Catalunya y convocó elecciones para el 21-D. Unas elecciones que, obviamente, no eran las idóneas para los partidos independentistas ya que tuvieron que acudir a las mismas con los cabezas de lista y parte de los candidatos, miembros del gobierno cesado, en la cárcel o en Bruselas. Es evidente que en estas condiciones la campaña electoral difícilmente podía desarrollarse en igualdad de condiciones para todas las fuerzas que competían. En suma, una campaña electoral atípica, con candidatos en prisión y en Bruselas, el autogobierno suspendido, la autonomía, las finanzas y los mossos d’Esquadra intervenidos, la libertad de expresión en los medios públicos amordazada... en unas elecciones convocadas por el gobierno español a través del artículo 155 y no por quien tiene facultad de hacerlo, con una ciudadanía amenazada, una deriva frentista alimentada con no disimulados apoyos mediáticos y legales de parte... Y, sin embargo, todo fue inútil. Ni con esas condiciones los partidos constitucionalistas fueron capaces de ganar las elecciones. Por el contrario, la participación (82%) superó todas las expectativas -el máximo histórico desde 1980- y las fuerzas independentistas revalidaron la mayoría parlamentaria absoluta: entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP obtuvieron 2.100.000 votos (unas decenas de miles más que los que votaron por la independencia en el referéndum del 1 de octubre), es decir, el 47,5% de los votos emitidos y setenta escaños sobre 135.

Los resultados del 21-D confirman lo que ya se sabía: hay una mayoría independentista muy sólida y persistente, pero con una base social todavía ampliable si se quiere implantar una República catalana; hay una minoría constitucionalista insuficiente para gobernar Catalunya puesto que solo cuenta con el 43,5% de los votos (suma de C’s, PSC y PP) y además con proyectos muy distantes entre sí: desde el catalanismo no rupturista del PSC hasta el españolismo a ultranza del PP o el populismo españolista de C’s. Por último, hay una tercera fuerza que pugna por no ser incluida en ninguno de los dos bloques, que es claramente contraria a la política frentista, que defiende la plurinacionalidad del Estado español y apuesta por un referéndum acordado, Catalunya en Comú Podem (CatECP) que, sin embargo, se encuentra en horas bajas, ya que, a pesar de la incorporación del movimiento de Ada Colau, ha perdido votos (del 8,9% al 7,4%) y escaños (de once a ocho) respecto a la anterior legislatura.

Es importante señalar que las elecciones del 21-D han contribuido también a desmontar algunos tópicos. En primer lugar, ya no se puede hablar de una minoría silenciosa -o silenciada como les gusta decir a los dirigentes de C’s- en Catalunya. Esta vez ha votado prácticamente todo el mundo y, contrariamente a lo que a menudo se afirma, la participación no ha penalizado al independentismo que es capaz de ganar las elecciones con una participación del 82% (2017), del 77% (2015), del 68% (2012) o del 59% (2010). Algo parecido pasó en Euskadi en las elecciones de 2001 y también en este caso confirmaron que era falso que la participación penaliza a los partidos nacionalistas.

En segundo lugar, Catalunya no está dividida o, al menos, no lo está en el sentido que señalan C’s y PP, entre familias, vecinos? Sí lo está en términos territoriales, es decir, C’s obtiene su 1.100.000 votos fundamentalmente en Barcelona y su conurbación urbana y en Tarragona y su entorno. En otras palabras, su implantación territorial es todavía débil y mientras JxCat era el partido más votado en 667 municipios y ERC en 142; C’s lo era en 135, eso sí, de mucho mayor tamaño, ya que la media de población de los municipios donde cada una de esas tres fuerzas políticas fue la más votada es, respectivamente, de 1.928 habitantes para JxCat, de 2.504 para ERC y de 27.260 para C’s. Lisa y llanamente, C’s obtiene el 78% del total de sus votos en la provincia de Barcelona y el 11% en la de Tarragona. En esas dos provincias es la fuerza más votada, pero en Lleida y Girona solo es la tercera.

Por último, hay una tendencia a creer que todo sigue igual que tras las elecciones de 2015 salvo una mejora insuficiente de los partidos que apoyaron la aplicación del artículo 155. En números es cierto que solo ha habido trasvase de votos en el interior de cada uno de los bloques. En 2015, JxSí y la CUP obtenían el 47,6% de los votos (en 2017, el 47,5%) y 72 escaños (setenta en 2017); los partidos que apoyaron el 155 sumaban en 2015 el 41,5% de los votos (43,5% en 2017) y 52 escaños (57); y los comunes-podemos empeoran resultados. Sin embargo, más allá de los números globales, algunas cosas han cambiado: hoy, con la aplicación del 155, gobierna en Catalunya un partido, el PP, que solo representa al 4% de los ciudadanos, tiene tan solo cuatro diputados en el nuevo Parlamento y es el partido con peores resultados electorales habiendo sido superado incluso por la CUP, en suma todo un ejemplo de claridad democrática y gobierna a pesar de no tener apenas representación; los partidos independentistas no pueden ignorar el crecimiento de C’s, que prácticamente ha fagocitado al PP y a buena parte del PSC, y que es una realidad que representa a una parte importante de catalanes; el independentismo ha demostrado que, con todas las dificultades y obstáculos impuestos por el gobierno de España que le han impedido llevar a cabo una campaña electoral en condiciones de igualdad con los partidos constitucionalistas, es capaz de renovar la mayoría parlamentaria. No se trata, pues, de ningún suflé y habrá que establecer vías de diálogo y pacto si realmente se quiere solucionar el conflicto político que se da en Catalunya.