Concierto, cupo, autogobierno...

DESDE hace poco tiempo, la foto más comentada en los ámbitos de la política vasca ha sido la de los sres. Montoro y Azpiazu -ministro del Gobierno español y consejero del Gobierno vasco, respectivamente- firmando el solemne acuerdo en relación al Concierto Económico, modificado pertinentemente, y la aprobación de la nueva Ley Quinquenal del Cupo. El asunto no debería haber provocado ningún comentario especial salvo el derivado del hecho de que tales aprobaciones deberían haber tenido lugar mucho tiempo antes y, además, sin provocar estridencias. Sin embargo, el tema ha pasado a mayores y ha provocado voces discordantes que han puesto en tela de juicio el entramado institucional y los modos de relación económica y financiera de la Comunidad Autónoma con el Estado español al que pertenece.

Dado que las airadas voces se han levantado en muchos lugares y ámbitos, en casi todos ellos con el denominador común de que tal tratamiento (Concierto Económico y Cupo) constituye un privilegio para Euskadi y los vascos, bastaría con que Montoro y Azpiazu, al unísono, nos ofrecieran una explicación que, más allá de otras consideraciones de tipo técnico, mostraran el modo de interpretar las referidas leyes y el modo de calcular el Cupo por medio de una fórmula escrupulosa que no facilitara ningún tipo de especulación? Y si ellos no fueran capaces (porque no todos tienen dotes pedagógicas para explicar procesos complicados) siempre quedará quien lo explique con originalidad; por ejemplo, el exconsejero Pedro Luis Uriarte, quien con unas simples monedas (calderilla que rebusca en los bolsillos de su pantalón) fue capaz de explicar a casi todo el mundo lo que a ciertos sibaritas les parece inexplicable.

No me cabe ninguna duda de que la nueva (renovada) Ley del Concierto no suscita dudas, sin embargo sí las ofrece la que incide en el cálculo del Cupo, es decir en lo que se paga al gobierno del Estado por los servicios que presta en nuestra Comunidad Autónoma, que dado que se trata de una cantidad concreta, que incluye además la aportación de la Comunidad Autónoma al Fondo de Compensación Interterritorial, se presta a todo tipo de consideraciones.

Procuraré ser simple en mis posicionamientos, huyendo de las valoraciones técnicas y de los cálculos metódicos para subrayar lo que considero esencial en estos momentos en que, de forma osada y arbitraria, han aflorado las más variadas opiniones. Mi primera constatación pasa por el hecho de que la Disposición Adicional Primera de la Constitución Española subraya que ella “ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”, y que “la actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo en su caso en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”. ¿No es suficiente garantía? No cabe duda de que las interpretaciones y desarrollos de las leyes se encuentran con los escollos propios de los debates y las disputas políticas partidistas, pero eso debería servir para poner en valor los acuerdos cuando llegan a producirse.

No me cabe duda de que las circunstancias y necesidades de los partidos influyen en sus comportamientos, pero en todo caso el acuerdo alcanzado entre el Estado y la Comunidad Autónoma es de gran valor y de gran efectividad. (Permítaseme un inciso -entre paréntesis- para alertar de que si la constitucionalidad de las leyes aludidas y aprobadas es un condicionante favorable, debería considerarse de la misma condición, por ejemplo, la aplicación del Artículo 155 de la Constitución Española en Cataluña en las condiciones extremas en que ha sido activado. En todo caso, la Constitución constituye una garantía democrática.

¡Volvamos al redil! Lo que está en juego es todo un modelo que, no habiendo funcionado con la debida agilidad en el pasado, está en tela de juicio justamente cuando ha aflorado el acuerdo, social y político. Y ha aflorado porque ha acontecido a la vez que se están tramitando acuerdos políticos tanto en el parlamento español como en el vasco. La conclusión más simple es admitir que dichos acuerdos tienen un objetivo superior: favorecer la aprobación de los presupuestos vasco y español. ¿Esto es malo? No, porque da la impresión de que se han matado varios pájaros en el mismo tiro, lo cual como modelo de eficacia es inmejorable.

Pero no es oro todo lo que reluce, porque las críticas al acuerdo no serían tan acusadas si Mariano Rajoy y su gobierno hubieran cumplido sus promesas y hubieran resuelto ya los problemas de financiación autonómica que afectan a las Comunidades Autónomas de régimen común. No solo ha sido criticado por sus contrincantes políticos sino también por algunos de los propios. No solo el socialista Ximo Puig les ha llamado al orden, sino también el gallego Feijóo (PP), que no ha entendido como justa su petición?Y si vamos más lejos la intervención de los líderes de Ciudadanos y Compromís (Rivera y Balldoví) merece un premio por lo desafortunados que fueron, máxime teniendo en cuenta la desmesura y extralimitación de los criterios usados y del lenguaje empleado.

Capítulo aparte merece el posicionamiento de los parlamentarios de EH Bildu que, redimidos de su independentismo, admitieron la nueva (renovada) Ley del Concierto, pero se abstuvieron en la proposición que calculaba el Cupo porque les parecía mal calculada por insuficiente y escueta para los vascos. Quizás tienen números que avalan su interpretación, pero sabido que los vascos somos aventajados en nuestro nivel económico respecto a otros españoles, no es fácil aceptar su cicatería. Con su actitud han resuelto dos dudas: ya no son independentistas porque abrazan el Concierto, y ya no son suficientemente solidarios porque a los “enemigos” no están dispuestos a cederles ni el agua.

No es una mala noticia que se haya culminado con éxito el acuerdo sobre el Concierto y el Cupo, pero el desconocimiento que se tiene de ambas figuras puede poner en entredicho su legitimidad y su vigencia. Por si fuera poco, el acuerdo tiene lugar al mismo tiempo que se produce una disminución de cuatro puntos en el Impuesto de Sociedades en Euskadi, lo cual forma parte de nuestra autonomía fiscal. Los empresarios han mostrado su satisfacción. El secretario general de la patronal empresarial Cebek (Fran Azpiazu) ha admitido que “cada vez que acudimos a un foro nos toca defender el Concierto de ciertas acusaciones”. En este caso la condición de empresario del responsable de Cebek incita a pensar que el Concierto es un privilegio al servicio de los más aventajados. No es así porque el Concierto tanto puede ser utilizado con esa intención, como a favor de las clases más humildes.

No ha sido posible, en esta ocasión, poner el Concierto Económico al servicio de los más humildes, sobre todo porque el único voto que el PP debe sumar a los del PNV y PSE, vale su peso en oro, y porque la derecha siempre ha sido mezquina con los más humildes y con los trabajadores. Será bueno que, tras la aprobación de los Presupuestos, -tanto los vascos como los españoles-, PNV y PSE den un puñetazo en la mesa y dobleguen las ínfulas del PP.