Una campaña insostenible
Las situaciones concretas, si las hay, no retratan la realidad turística vasca ni su percepción por la sociedad y no deben cuestionar un sector que aporta 4.000 millones anuales y da empleo a 100.000 personas
LA asunción por Sortu de las críticas al aumento del turismo y sus consecuencias, especialmente en Donostia, pero no solo; siguiendo la estela de la campaña con la que sus juventudes pretenden trasladar a Euskadi la acción radical contra actividades turísticas que en Catalunya o Baleares llevan el sello de Arran o Endavant, esconde una perentoria necesidad de resituarse como vanguardia de la izquierda extrema a la altura de su hoy referencia catalana, de recuperar protagonismo (veraniego) y de buscar ámbitos de expresión a su papel de oposición política. Y si bien todos esos objetivos hasta se podrían considerar legítimos, no lo son tanto si para su consecución se dibuja una realidad inexistente en nuestro caso o, en su defecto, deformada al dar por generalizadas situaciones que son tan concretas como escasas. En primer lugar, la pretensión de una saturación turística que supuestamente avalaría las críticas no es tal ni siquiera en el momento álgido del turismo ya que en 2016 Euskadi recibió tres millones de visitantes y el peso del turismo en el PIB rozó el 6% frente al 10% de la media mundial. En segundo lugar, la labor de adecuar la legislación para evitar situaciones no deseadas ya se ha iniciado con la aprobación de la ley sobre pisos turísticos o la actualización de la normativa de alquiler y, en el ámbito local, con las diversas regulaciones de hostelería; también con las campañas institucionales que impulsan un turismo sostenible y de calidad -el año pasado llegó un 11% menos de extranjeros con un 22% más de gasto- mucho más efectivas que la implantación de tasas que aumentan los ingresos pero no influyen en la cantidad y la calidad del turismo recibido. Y en tercer lugar, las situaciones concretas -que nadie niega y a las que se deben dar solución- ni pueden ni deben suponer el cuestionamiento del sector, que aporta más de 4.000 millones anuales de ingresos (es decir, más de 1.000 euros de gasto por visitante, lo que implica un turismo de cierta calidad) y proporciona empleo a 100.000 personas. Sobre todo si no se pretende encauzar problemas específicos sino su utilización para campañas que tienen mucho de interés político y mucho menos de protección de los intereses e inquietudes de una sociedad que mayoritariamente siempre se ha caracterizado tanto por la cálida recepción a quienes nos visitan como por el respeto a aquellos lugares que, a su vez y en gran porcentaje, visita como turista.