Autogobierno sin fraude de ley

EN los últimos días han proliferado desde las más altas instancias del Estado español, en especial del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y sus ministros, las apelaciones dirigidas a los responsables de la Generalitat catalana referidas a la necesidad y exigencia del cumplimiento estricto de la Constitución y, en general, de la legalidad vigente por parte de todos los ciudadanos, pero en especial de los dirigentes y representantes públicos. Una advertencia que, sin duda, se incrementará de forma exponencial a medida que la fecha prevista para el referéndum del 1 de octubre vaya acercándose. Resulta obvio señalar que el cumplimiento de la ley y la adecuación de cualquier iniciativa o planteamiento a las normas en vigor es imprescindible y condición sine qua non en un sistema democrático. Pero estas grandes invocaciones no pueden tener excepciones, y menos aún para quienes las proclaman y exigen a los demás. El Estatuto de Autonomía de Gernika está cerca de cumplir ya cuatro décadas desde su aprobación por parte de la sociedad vasca, sin que durante todo este tiempo se hayan cumplido en su integridad ni su espíritu ni su letra. Una situación insólita que viene dándose con independencia del color del gobierno instalado en Madrid y que, en puridad, significa un flagrante incumplimiento de la legalidad. Un fraude que desde Euskadi lleva denunciándose todo este tiempo y al que podría empezar a ponerse fin si fructifican las negociaciones que en unas semanas iniciarán representantes del Gobierno vasco y español. En este contexto, la reivindicación de las transferencias de materias expresamente recogidas en el Estatuto de Gernika como el régimen económico de la Seguridad Social o las prisiones está generando un debate absolutamente artificial mediante el que algunos sectores pretenden restringir el alcance de las competencias. En este sentido, el texto estatutario es palmario. Limitar o mutilar competencias claramente fijadas en la ley con argumentos ideológicos como el concepto de “caja única” falsamente ligado a la “solidaridad”, condicionar su transferencia -el requisito de que “ETA se disuelva” antes de traspasar las prisiones es democráticamente inasumible- o dilatarlas supone continuar de manera consciente con un fraude de ley, un desprecio al autogobierno y un auténtico delito democrático.