De víctimas, gestos y políticas

EL mero hecho de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APVT) hayan solicitado y efectuado una visita al lehendakari Iñigo Urkullu para trasladarle un documento con sus reivindicaciones, obviando incluso que la cita discurriría en plena campaña electoral, da medida, en primer lugar, del cambio en las relaciones políticas que ha experimentado Euskadi desde el fin de la violencia. Hace no tanto, apenas en la últimas elecciones al Parlamento Vasco, una reunión similar hubiese sido utópica dado que el simple planteamiento de la misma habría desatado reacciones de evidente utilización política por interés electoral. Por ello, que las víctimas del terrorismo -como también las de otras violencias- planteen a las instituciones vascas, y más concretamente al Gobierno, sus reivindicaciones como colectivo es, además de una necesidad, un signo evidente de normalización. No en vano, que las víctimas reconozcan públicamente, como hicieron ayer los presidentes de la AVT y la APVT, Alonso Sánchez y Miguel Folguera, los pasos dados por el Gobierno Urkullu en la materia y agradezcan el tratamiento y la consideración del Ejecutivo vasco lleva asimismo implícito el reconocimiento de la labor de la Secretaria de Paz y Convivencia, lógicamente desplegada también hacia las víctimas y consecuencias de violencias diferentes porque la consideración hacia unas víctimas no implica, no debe implicar, que se obvie a otras. Ni siquiera que en el orden de prioridades se anteponga a unas respecto a otras por el único motivo del signo político de la violencia que se ejerció contra ellas. En ese sentido, la petición de “individualizar” la violencia de ETA que la AVT y la APVT incluyen en el documento de diez puntos que hicieron llegar ayer al lehendakari, aun comprensible, no debe pretender la asunción acrítica de sus tesis respecto a los orígenes de las violencias, mucho menos la negación de los abusos policiales o del uso de violencia ilegítima por el Estado, como tampoco imponer el cariz de las políticas penitenciarias que, más que a la exigencia del cumplimiento de penas, debe responder al principio de la reinserción. Sí, en cambio, en respuesta a ese principio precisamente, la exigencia de petición de perdón por aquellos que durante décadas han ejercido, impulsado o justificado las acciones violentas.