La legalidad como pretexto

LA citación ante el Tribunal Supremo de Francesc Homs, exconseller de Presidencia de la Generalitat y actual portavoz del PDC en el Congreso, a quien la Fiscalía acusa de desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa por la convocatoria de la consulta llevada a cabo el 9 de noviembre de 2014 en Catalunya, supone un paso más en el intento de los poderes del Estado por ahormar la voluntad mayoritaria de una sociedad, la catalana, a una interpretación de la legalidad que, sin embargo, esta ya ha dado por superada. Como en el caso de las acusaciones de desobediencia contra Artur Mas, su vicepresidenta, Joana Ortega, y la conseller de Enseñanza, Irene Rigau, quienes ya comparecieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el pasado julio, no se trata de la imputación de Homs, ni de la del ex president Mas -que en este sentido padecen actuaciones que en su momento ya se forzaron contra el lehendakari Ibarretxe y otros representantes elegidos por la sociedad vasca- sino del desprecio absoluto a la determinación del pueblo de Catalunya, que repetidamente se ha manifestado en porcentajes mayoritarios, que hoy rondan el 80%, a favor de la capacidad de pronunciarse, en uno u otro sentido, sobre su futuro político. Con el agravante de que para ignorar dicha voluntad se provoca una concertación de actuaciones entre el gobierno, bajo la adscripción ideológica del PP, la Fiscalía y la Judicatura, con la utilización de interpretaciones interesadamente forzadas de la legalidad y sus mecanismos, que pone en cuestión el principio de la separación de poderes y, por tanto, la base misma de la democracia. Baste apuntar que la Fiscalía General del Estado ha llevado esta causa adelante contra el criterio general de los fiscales de Catalunya mientras obvia aspectos tan tangentes a la misma como las grabaciones de las conversaciones entre el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, y el después destituido director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel De Alfonso, en las que aquel urge a este a hallar excusas para la imputación por la Fiscalía de los principales referentes del nacionalismo catalán. En otras palabras, la apelación a la legalidad no es sino el pretexto para judicializar un problema político que, sin embargo, solo puede y podrá afrontarse desde el diálogo bilateral y la conciliación de voluntades políticas.