Con el recurso por bandera

DESDE la llegada de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno español, el Ejecutivo del PP ha tenido como uno de los ejes principales de su estrategia política la recentralización del Estado mediante diversas actuaciones, principalmente la absoluta negativa a realizar transferencias expresamente recogidas como exclusivas en el Estatuto de Gernika, así como la limitación de las competencias de las comunidades autónomas -lógicamente, en especial de Euskadi y Catalunya-, la atribución unilateral de capacidades normativas con la promulgación de leyes y decretos que invaden el ámbito competencial de otras administraciones e impidiendo de facto el desarrollo del autogobierno. Una de las actuaciones sistemáticamente utilizadas por el Ejecutivo de Rajoy ha sido la interposición de recursos contencioso-administrativos contra actuaciones de diversa índole tomadas por administraciones vascas, judicializando de manera irresponsable la iniciativa institucional de Euskadi. Estos últimos días ha podido comprobarse de manera fehaciente, una vez más, el sistemático sesgo de esta actuación, con los conocidos y polémicos recursos a cuestiones tan dispares como las consultas previstas a los vecinos de la localidad guipuzcoana de Itsaso sobre su posible desanexión de Ezkio, a la ciudadanía de Basauri para conocer su opinión sobre el plan urbanístico municipal y a la población de Donostia respecto a la celebración de festejos taurinos en la ciudad. La estrategia no es en absoluto novedosa en los distintos gobiernos en Madrid, pero se ha intensificado de manera notable desde el nombramiento de Carlos Urquijo como delegado del Gobierno y de la Abogada Jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, ambos elegidos ad hoc por Mariano Rajoy y que funcionan como un tándem bien engrasado que ha elevado a cotas impensables la conflictividad entre el Estado y Euskadi, sobre todo en asuntos simbólicos o identitarios -en especial, las banderas-, lingüísticos -el euskera-, los derechos de las víctimas aún no reconocidas y actos en favor de los presos, incluidas ayudas a los viajes de los familiares para visitar a los reclusos. En total, cerca de un millar de recursos interpuestos en esta legislatura por parte de Urquijo y Olona, una muestra más de la forma impositiva y alejada del diálogo y el acuerdo político característica del PP.