LA actualidad judicial que afecta a los dos principales partidos políticos de ámbito estatal, PP y PSOE, estos días a través de las imputaciones en el caso Taula -Rita Barberá- y el caso ERE -José Antonio Griñán y Manuel Chaves- presenta nítidos paralelismos entre ambos que permiten cuestionar abiertamente la actitud no ya de los implicados sino de las dos formaciones y exigir una absoluta regeneración que, sin embargo, sigue sin intuirse. Que ambos casos se hayan desarrollado en las dos comunidades autónomas en las que PP (Valencia) y PSOE (Andalucía) presentan una mayor influencia e implantación política no es baladí. Que en ambos casos se hallen imputados decenas de cargos públicos e internos de primer nivel (Barberá, Betoret, Rus, Camps... en Valencia y Chaves, Griñán, Zarrías, Moreno... en Andalucía), tampoco. Que las imputaciones impliquen en ambos casos y entre otros delitos la prevaricación y la malversación, lo es aún menos. Y que ambos partidos hayan reaccionado de igual modo, con una inicial expresión de total confianza en los acusados, una defensa pública de su inocencia y sus cargos hasta el momento de su imputación, y finalmente, ante la evidencia de dicha imputación, con el apartamiento de los implicados de la actividad orgánica del partido, es todo menos casual. De ahí que expresiones sobre la presunción de honestidad de los políticos imputados, como la realizada ayer por la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, únicamente pueden entenderse huecas. En último caso, no se trata de saber si la gestión de los fondos públicos por aquellos que han sido elegidos para efectuarla es honesta. Debería serlo siempre en respuesta a la confianza depositada en ellos por la sociedad: sólo dar pie a que se dude de esa honestidad es motivo más que suficiente de inhabilitación para la política. De lo que se trata, en realidad, es de que esa gestión, además de la premisa de la honestidad, responda a la exigencia de eficacia. Porque una gestión ineficaz de los fondos públicos, sobre todo si es continuada, también inhabilita. Pero, además, lo que no puede hacerse en el desempeño de esa gestión es sobrepasar o forzar la ley a espaldas de la sociedad y situarse en la alegalidad o la ilegalidad, ya sea para beneficiar intereses personales, de partido o ambos al mismo tiempo.