LA coincidencia en la jornada de ayer de la imputación por el Tribunal Supremo de Rita Barberá, de la retirada por Luis Bárcenas de la acusación directa contra el PP por el borrado de ordenadores, del previsible acuerdo con la Fiscalía y reconocimiento de delitos por parte de Jaume Matas, de la toma de declaraciones por el juez Eloy Velasco a políticos del PP por el denominado caso Púnica... resume en apenas una mañana el absoluto régimen de irregularidades con que el partido que preside Mariano Rajoy ha actuado durante lustros. La presencia de una senadora, ex alcaldesa de una capital como Valencia y factotum territorial del partido; la del tesorero del Partido Popular, la de un ex ministro y ex presidente de Comunidad Autónoma, la de diputados de asambleas autonómicas y alcaldes y concejales de municipios... en las noticias que surgen de los juzgados en un solo día componen, más allá de la explosión inicial de la denominada trama Gürtel, el enjuiciamiento del PP a todos sus niveles, tanto internos como institucionales, por continuados delitos relacionados directamente con la corrupción y, en mayor o menor medida, con una mucho más que presunta financiación ilegal del propio Partido Popular y de sus actividades electorales, también con el abuso de los cargos políticos o de representación pública para el simple enriquecimiento personal. Y esto último, con el nivel y extensión de la podredumbre que afecta al PP, no se puede pretender cúmulo de actividades individuales, sino que solo es posible como consecuencia y desviación de un modo de actuar surgido y permitido, cuando no incentivado, desde las mismas estructuras del partido. Con seiscientos políticos y cargos públicos del PP imputados en los últimos años, entre ellos más de un centenar de alcaldes; con los casos Baltar, Bankia, Bárcenas, Blesa, Brugal, Imelsa, Emersa, Púnica, Gürtel, Palma Arena, Acuamed... en Madrid, Valencia, Galicia, Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia... el Partido Popular ha generalizado el incumplimiento de los principios y valores más básicos de una democracia hasta impulsar a la sociedad a su cuestionamiento, cuando no a ignorarlos, lo que pone en entredicho -lo seguirá haciendo mientras no se produzca una total regeneración que no se intuye- a todos los niveles institucionales del Estado y en riesgo al mismo sistema democrático.