Causa y efecto de un cambio

LA constatación por la Fiscalía, según ha afirmado el fiscal jefe del País Vasco, Juan Calparsoro, de un descenso del 19% en las denuncias por delitos contra la libertad sexual en Euskadi y el constante goteo de casos denunciados y explicitados en los medios de comunicación durante las fiestas de este verano (Iruñea, Baiona, Gasteiz, Txurdinaga y Soloketxe en Bilbao, Portugalete, Sopela, Durango, Plentzia, ahora Lezo...) no son en absoluto contradictorios. En realidad, el descenso notable de los casos de agresiones sexuales en los datos de la Fiscalía no es sino consecuencia de una mayor concienciación social respecto a la igualdad y a la apremiante necesidad de desterrar cualquier tipo de actitud que atente contra la misma, pero especialmente las más graves. De igual modo, la atención de los medios de comunicación y la preocupación institucional, tanto en los actos de repulsa como en las acciones de prevención -como la adhesión de decenas de municipios al proyecto Beldur Barik de Emakunde-, respecto a un problema que hasta no hace tanto permanecía más oculto que público pese a su trascendencia y amplitud es al mismo tiempo causa y efecto del cambio de mentalidad que, lenta, sí, pero paulatinamente, se va instalando en cada vez más y mayores ámbitos de nuestra sociedad. Ahora bien, ni los avances en la constatación del problema y en la comprensión de los resortes que permiten paliarlo ni el importante descenso de las denuncias que parece resultar de la conjunción de ambas permite minimizarlo. Porque solo el pasado año y solo en Euskadi se registraron nada menos que 259 casos (uno cada 33 horas) de violencia sexual contra mujeres fuera del ámbito familiar y, pese a que también se ha producido un avance importante en ese aspecto, aún se producen en torno a cinco veces más agresiones de tipo sexual de las que se denuncian. Es por ello que, pese a ser necesarias, como apunta el fiscal jefe, una mayor eficacia en la persecución del delito y una intensificación de los planes educativos y formativos para su prevención, también lo es la adecuación de las herramientas legislativas y de las actitudes jurídicas que estipula el Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres, aprobado hace ya cinco años y ratificado por el Estado español.