EL movimiento del 15-M celebró ayer con diversas movilizaciones en ciudades de todo el Estado el quinto aniversario del inicio de las protestas -más o menos espontáneas- que tuvieron lugar en numerosas plazas a lo largo de varios meses del año 2011 en lo que se denominó también como el fenómeno de los indignados, que reclamaba profundos cambios políticos y sociales. Un lustro después de aquellas imágenes de miles de ciudadanos en las calles en lo que suponía un intento de ejercer la intervención política de manera directa -si bien con un excesivo componente de populismo e idealismo utópico-, no es sencillo determinar qué ha sido del movimiento en sí y de sus principales demandas. Es cierto que las movilizaciones de ayer -al igual que las de otros aniversarios- no tienen nada que ver con aquellas mareas de gente en plena efervescencia y que aquellas protestas se han diluido de manera casi total, pero también lo es que el germen de la necesidad de cambio caló en amplias capas sociales y se ha incrementado en cierto modo ante la evidencia de la extensión de los casos de corrupción. Asimismo, el surgimiento de algunos partidos políticos nuevos que se reclamaban -con mayor o menor intensidad- herederos del 15-M o, al menos, de la exigencia de cambio ha canalizado política e institucionalmente algunas de las demandas que se ponían de manifiesto en las plazas. Otra cosa es que esas nuevas organizaciones políticas, sus líderes, sus estructuras, sus formas de actuación, sus programas y su actuación diaria estén siendo o no realmente el instrumento que demandaba esa parte de la ciudadanía ya que, de hecho, no han sido capaces de alcanzar el poder frente a aquellos a quienes hace cinco años se les reprochaba que “no nos representan” e incluso han contribuido con su actuación a aumentar la indignación popular ante el bloqueo político. Esto, sin embargo, no ha impedido que los nuevos partidos y el -con todas las precauciones- espíritu del 15-M haya impregnado, de alguna manera, a todas las formaciones políticas, a las instituciones e incluso a la ciudadanía que, aun no compartiendo los postulados originales, considera también que es necesaria una mayor calidad en el funcionamiento de la democracia, una participación más intensa de la sociedad y un control más exhaustivo de nuestros representantes y de las instituciones.