Hombro con hombro

EL protocolo de colaboración entre los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) y la Comunidad Foral de Navarra (CFN) que firmarán Iñigo Urkullu y Uxue Barkos y que contempla el trabajo conjunto en 18 materias -de una amplia diversidad, que va, por ejemplo, de los servicios sociales al turismo, de juventud y deporte a la administración electrónica, o de paz y convivencia a comunicación y transportes...- supone desarrollar modelos de mejora en la colaboración entre administraciones, aunar sinergias en ámbitos de interés común y, en definitiva, establecer vínculos entre dos comunidades de innegable afinidad histórica, social, cultural y económica. Es decir, supone dar cauce administrativo a la relación permanente entre Nafarroa y la CAV, tan incuestionable en todos los ámbitos que hace irracional el lastre que soporta durante tanto tiempo por la mal entendida defensa de la especificidad navarra que habían esgrimido por puro interés político los gobiernos de la Comunidad Foral liderados por UPN con el único objetivo de separar a ambas sociedades. Un lastre que en la práctica no había sido siquiera aligerado por el acuerdo que suscribieron en julio de 2009 los gobiernos entonces de Miguel Sanz y Patxi López y que se evidencia de nuevo ahora, cuando deben cesar las emisiones de ETB en Nafarroa por un ilógico dictamen de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Industria, que amenaza con sanciones e ignora la realidad, preferencias y beneficio de la sociedad navarra. Si esas resistencias han pretendido, pretenden, situar a la CFN de espaldas a la CAV y por tanto a su propia realidad e historia, el protocolo que aprueban los gobiernos vasco y navarro trata de compensar ese enorme error y, desde un plano de respeto e igualdad, procurar que ambas comunidades caminen de nuevo hombro con hombro. Porque el acuerdo que suscribirán Barkos y Urkullu es sobre todo una herramienta que, apoyada en las características comunes del patrimonio histórico compartido por sus sociedades, permitirá a los dos gobiernos satisfacer mejor los intereses de los ciudadanos con una mayor racionalidad en la gestión de los servicios mediante la colaboración en el empleo de los recursos de que ambos disponen. También en lo que respecta a la ocupación del espacio radioeléctrico y las emisiones de televisión.