EL recurso de la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el decreto del 2 de febrero con el que Gobierno vasco recuperaba la jornada laboral de 35 horas semanales -1.592 anuales- para sus 70.000 funcionarios no es sino una doble extralimitación del Ejecutivo español. En primer lugar, se antoja más que excesivo pretender que la práctica de recurrir la decisión de un gobierno en plenitud de sus atribuciones y de su respaldo parlamentario por parte de un gobierno en funciones, es decir, sin respaldo democrático del parlamento; pueda incluirse dentro del “despacho ordinario de los asuntos públicos” al que la Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997 limita la capacidad de actuación del Ejecutivo que preside Rajoy y en el que se inserta el Ministerio de Justicia que ordena las actuaciones de la Abogacía del Estado. Especialmente cuando el propio Gobierno Rajoy esgrime esa ley y su limitación de funciones para no someter su actividad a control parlamentario. En segundo lugar, el recurso contra las 35 horas es una invasión competencial más -como la presentación ayer ante el TC de otro recurso contra la Ley de Vivienda vasca- de las muchas que el Gobierno Rajoy ha llevado a cabo en la legislatura ya finalizada, por cuanto pretende ignorar el art. 10.4 del Estatuto de Gernika por el que corresponde a Euskadi la competencia exclusiva sobre el “régimen local y el Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de los establecido en el art. 149.1.18 de la Constitución”, punto este que solo atribuye al Estado la competencia sobre “las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (...) sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las CC.AA.”, cuando de nuevo el art. 10.24 del Estatuto atribuye a Euskadi la competencia exclusiva “del Sector Público propio del País Vasco”. Se trata, pues, de un ataque a la capacidad de organización del Gobierno vasco, a sus competencias para diseñar políticas de funcionamiento interno, en una agresión al autogobierno vasco aún más grave por cuanto tiene de inobservancia de la ley en base al impulso recentralizador implícito en la ideología de un partido, el PP; hoy en día incapaz de lograr el apoyo suficiente para formar gobierno en España.