EL juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, imputa a los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, la comisión de un delito de administración desleal (hasta cuatro años de cárcel) porque habrían “consentido, aceptado y propiciado” el uso indebido de los fondos de dichas entidades a través de las tarjetas black. El magistrado, sin embargo, no usa el verbo organizar y mantiene abierta la instrucción ante la remota esperanza de atribuir esa responsabilidad a alguien. Algo que, sin embargo, no se antojaría tan difícil por cuanto solo tres personas con anterioridad a Rato y Blesa han presidido Caja Madrid: Jaime Terceiro Lomba (1988-1996), Felipe Ruiz de Velasco (1975-1988) y José Falcó y Álvarez de Toledo (1940-1975). Ahora bien, si lo que el juez Andreu pretende es probar únicamente el consentimiento, aceptación e impulso de una actividad tipificada como administración desleal, tal y como se deduce de su auto, cabría ampliar la responsabilidad incluso más allá de la propia estructura de la entidad bancaria. No en vano es competencia de los gobiernos del Estado, a través de los ministerios de Economía y Hacienda, también del dirigido por el propio Rato; y de la inspección de Hacienda -a la que pertenecía por oposición Blesa- y al Banco de España el control de las actividades de Caja Madrid. ¿Cabe presumir que el Gobierno español, que bajo la presidencia de Aznar situó mediante un pacto político PP-CCOO a Blesa, su amigo y compañero de promoción, en la presidencia de Caja Madrid, desconocía sus actividades? ¿O cabe deducir algo más de que la actuación y laxitud legal de Blesa (prolongada por Rato) coincidiese con los ejecutivos presididos por Aznar (con Rajoy en ellos) y las enormes tramas de corrupción, incluida la conocida como Gürtel, que han asolado las instituciones públicas del Estado español? ¿Cabría extender la imputación de administración desleal, entonces, a quienes “consintieron, aceptaron y propiciaron” tales desmanes y provocaron luego un uso indebido de fondos públicos en el rescate de entidades malversadas por sus directivos, 24.000 millones de euros en el caso de Caja Madrid-Bankia? No se trata de que Blesa devuelva, por multa o fianza, 16 millones de euros, o de que Rato ponga 3, sino de que todos los responsables de la voladura del sistema financiero y de la credibilidad de las instituciones públicas paguen sus desmanes con la cárcel.
