Maquinarias en marcha

CATALUNYA vivió ayer un nuevo hito en su largo proceso político que debe concluir en la consulta prevista para el próximo 9 de noviembre en la que los ciudadanos ejercerían -otra cosa es que se lo permitan- su derecho a decidir su futuro. Tal y como estaba previsto, regulando los tiempos, los contenidos y las formas, el president del Govern catalán, Artur Mas, firmó ayer, en un acto solemne celebrado en el Palau de la Generalitat, el decreto de convocatoria de la consulta en la que se pregunta a los ciudadanos si quieren que Catalunya sea un Estado y, en caso afirmativo, si quieren que ese estado sea independiente. Con la rúbrica a este decreto y su publicación, junto con la Ley catalana de consultas aprobada la semana pasada por la inmensa mayoría del Parlament, en el Diario Oficial de la Generalitat, la maquinaria para la celebración del referéndum está en marcha. El decreto, de factura impecable desde el punto de vista jurídico y democrático, pormenoriza en ocho artículos y una disposición final todos los aspectos necesarios relativos a la puesta en marcha del proceso, desde el objeto de la consulta, el censo, el periodo de votación incluso por correo y, por supuesto, la pregunta, hasta la campaña institucional, el debate público, los recursos humanos y materiales y la creación de las comisiones de control y seguimiento de la votación. Técnica y democráticamente, no cabe objeción alguna a la convocatoria de consulta, que cuenta con el apoyo de la mayoría de las formaciones políticas representadas en la Cámara catalana. Otra cosa es que, evidentemente, se haya llevado a cabo sin el deseable acuerdo con el Estado, enrocado en la negación y la amenaza pese a que el propio Artur Mas insistió ayer mismo en su reiterada disposición al diálogo. Con el presidente español, Mariano Rajoy, escenificando de manera metafórica su numantina posición en la muralla de China, fue la omnipotente vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría la encargada de reiterar que la “maquinaria del Estado” también se pone en marcha para impedir la consulta y, con ello, evitar que los catalanes puedan votar. El injusto derecho de veto que le otorga la legislación al Gobierno español posibilita que el mero recurso al Tribunal Constitucional paralice todo el proceso. Las maquinarias, la catalana y la española, están en marcha y cada vez más cerca de chocar.