EL pleno de política general celebrado ayer en el Parlamento Vasco sirvió para constatar las dificultades de las fuerzas políticas para, al menos públicamente, disociarse de la tradición parlamentaria de rebatir al oponente en lugar de debatir con el fin de hallar coincidencias en el impulso de la actividad legislativa y traducir la misma en beneficio de la sociedad. Ahora bien, la ausencia de acritud en las formas y de radicalidad en los planteamientos también confirma la apertura de un nuevo estadio más normalizado en la discusión política y permite aventurar que, al menos en áreas concretas de la responsabilidad pública, los consensos labrados arduamente en la primera mitad de la legislatura -y que en algunos casos se extienden más allá de la misma- desgranados ayer por el lehendakari, Iñigo Urkullu, deben poseer la virtud de la continuidad. Sin embargo, junto a la labor de dotar de persistencia a la estabilidad institucional imprescindible para impulsar una recuperación económica aun muy incipiente y para asentar como definitivamente sostenible el comprobado exitoso sistema de cobertura social vasco, la segunda parte de la legislatura encierra también el reto de trasladar los consensos multilaterales alcanzados en el ámbito socioeconómico a lo político, incluyendo en dicha definición tanto el proceso de pacificación y normalización como el de revisión de la relación que Euskadi mantiene con el Estado español. Siendo innegable que la prioridad del gobierno -pero también de la oposición- es el mantenimiento y mejora de los estándares de vida en nuestro país con especial énfasis en solucionar las carencias de las capas sociales más necesitadas, no lo es menos que Euskadi añade la peculiaridad de sus reclamaciones de autogobierno, que son también imposibles de ignorar por cualquier político mínimamente responsable. Más aún, la sociedad vasca no comprendería que las mismas fuerzas políticas que, aun con dificultades obvias, logran consensuar los mecanismos que consideran necesarios para solucionar (o al menos atenuar de forma importante) los problemas socioeconómicos creados por una crisis económica que dura siete años, se resistan a empeñar los mismos o mayores esfuerzos en alcanzar puntos en común respecto a una crisis política pendiente desde el siglo XIX.