Inmigración e integración

EN medio del debate abierto por algunos representantes vascos del PP denunciando la supuesta llegada en aluvión de ciudadanos extranjeros a Euskadi y el efecto llamada que provocan a lo largo y ancho del mundo las ayudas sociales que la sociedad vasca otorga a los más necesitados, el Observatorio Vasco de Inmigración aportó ayer un análisis estadístico oportuno que ayuda a precisar la magnitud real del fenómeno de las migraciones en nuestro país y la evolución que el mismo ha tenido en las últimas décadas. Así sabemos que, lejos de aumentar, durante los dos últimos años el número de ciudadanos extranjeros empadronados en Euskadi ha descendido. Aunque también fuera sabido, hemos podido volver a constatar que el porcentaje de estos ciudadanos sobre el total de la población de la Comunidad Autónoma Vasca alcanza el 6,4%, lejos de los porcentajes que otras comunidades ofrecen, como es el caso de las Islas Baleares (18%), Valencia o Murcia (14,7 %), todas ellas gobernadas por el PP. Y entre otras precisiones añade además que, gracias a estos ciudadanos procedentes de Europa y de otras áreas geográficas, Euskadi ha rejuvenecido su población y la ha aumentado en 90.000 personas, invirtiendo el descenso demográfico provocado por la población autónoma. Son datos que descalifican de raíz algunas de las afirmaciones realizadas y que deberían llevar a quienes las han efectuado a matizar sus denuncias. Hay casi 150.000 extranjeros empadronados conviviendo con nosotros. La mayor parte de ellos han llegado para quedarse y desarrollarán sus vidas en este rincón del mundo desarrollado que han elegido para mejorar sus condiciones de vida. Y así lo debemos asumir, como lo hemos hecho en otros momentos de la historia. Nuestra sociedad está necesitada de políticas integradoras que, lejos de crear nuevas diferencias y divisiones, hagan posible que estos hombres y mujeres disfruten en igualdad de los derechos que les corresponden. La existencia de individuos o pequeñas comunidades conflictivas, o incluso la constancia de algunos pocos casos de fraude en la obtención de ayudas sociales no pueden justificar la demonización generalizada de algunos colectivos de inmigrantes ni el desprecio hacia quienes por su aspecto diferente o procedencia lejana pueden provocar incomodidad.