LA confesión pública realizada el pasado viernes por el que fuera president de la Generalitat durante 23 años Jordi Pujol, en la que reconocía que su familia ha mantenido una muy importante cantidad de dinero en el extranjero y sin declarar durante más de treinta años, ha causado un impacto brutal no solo en Catalunya sino en todo el Estado e incluso en muchos lugares del mundo, donde el exdirigente catalán es aún conocido y recordado. La lógica conmoción por los datos aportados por el propio Pujol ha sido enorme y la decepción por su actitud hasta ahora es, asimismo, grande. Para CDC y para todos los que le han tratado y han trabajado codo a codo con él, que han recibido la noticia entre el estupor y la indignación, la revelación del expresident ha caído como una bomba cuyos efectos salpicarán, sin duda, a la política catalana durante mucho tiempo y es muy posible que afecten también negativamente a la economía y a las relaciones sociales en el país. En resumen, Pujol reconoce que ha ocultado una pequeña fortuna -derivada de la herencia de su padre, según revela- en un paraíso fiscal durante más de tres décadas, incluido, lógicamente, el largo periodo en que fue representante de todos los catalanes. Aunque reconoce su “error” y pide “perdón”, afirma que durante este largo tiempo “lamentablemente, no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esta herencia como sí han podido hacerlo otras personas”, en referencia a las tres amnistías fiscales de que han dispuesto los defraudadores gracias a los mecanismos aprobados por el Gobierno español. Solo “en los últimos días”, los Pujol han atendido a su deuda con Hacienda. El comportamiento de Jordi Pujol durante este tiempo es inaceptable. Sobre todo, porque engañó a sus compañeros y a toda la ciudadanía e incluso mintió acerca de sus responsabilidades. Además, queda mucho aún por aclarar y es esperable que tanto el propio expresident como sus hijos -salpicados por otros presuntos escándalos- aporten las necesarias explicaciones. Otra cosa es que algunos estén ya vinculando el caso Pujol con el proceso soberanista en Catalunya, con la perversa intención de deslegitimarlo cuando, obviamente, nada tiene que ver. El expresident debe asumir su responsabilidad, CDC, actuar en consecuencia y Catalunya, decidir en libertad.
