EL siniestro del avión MD-83 propiedad de la compañía española Swiftair y operado por las líneas argelinas Air Algérie y que costó la vida a 118 personas -una de ellas, donostiarra, el auxiliar de vuelo Raúl Montero- al estrellarse en Malí ha generado una lógica alarma en la sociedad, máxime cuando se trata del tercer vuelo que acaba en tragedia en los últimos días. En total, se contabilizan 463 víctimas mortales en estos tres gravísimos incidentes aéreos, que han tenido lugar por causas distintas. Con todo, y restando el atentado contra el Boeing de Malasya Airlines, abatido por un misil lanzado al parecer desde la zona controlada por los prorrusos en el este de Ucrania, los otros dos siniestros -tanto el sucedido en Malí como el del pasado miércoles en Taiwán- están causados, según apuntan las investigaciones, por las complicadas condiciones meteorológicas, una cuestión sin duda posible dentro de la navegación aérea pero difícil de entender para la opinión pública general, a la que no le resulta fácil asumir que un temporal, por muy fuerte que sea, pueda derribar un avión en pleno siglo XXI. En cualquier caso, habrá que esperar a que concluyan las investigaciones que ya tienen lugar en el mismo lugar en el que cayó la aeronave para determinar las causas reales del grave siniestro, que ha conmocionado a toda Europa. Aclarar lo sucedido resulta imprescindible por múltiples razones, entre ellas para que pueda recuperarse la confianza en la seguridad de los vuelos. Y aquí es donde las autoridades deben despejar todas las dudas y ser implacables en el cumplimiento estricto de todos los requisitos exigibles de seguridad. En este sentido, es necesario aclarar si, efectivamente, la tripulación del avión siniestrado estaba sometida a un excesivo estrés que podría conducir a una fatiga generalizada excesiva que afectase a la seguridad, como, al parecer, había denunciado uno de los sobrecargos. El hecho de que el avión fuese propiedad de una compañía española y de que toda la tripulación tuviera esa nacionalidad obliga también al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar cartas en el asunto, algo que de momento no ha hecho, limitándose a poner medios para colaborar con el Ejecutivo galo, país del que era la mayoría del pasaje. La tragedia nunca puede, más bien al contrario, borrar las responsabilidades.