Apelación a la responsabilidad

LA necesidad, más allá de cuestiones de formalidad, agenda y diplomacia, de plantear por escrito la conveniencia de una reunión entre el lehendakari del Gobierno vasco y el presidente del Gobierno español lleva implícita una apelación directa y expresa de Iñigo Urkullu a la responsabilidad que se le sobreentiende a Mariano Rajoy en cuanto a la solución de la extendida problemática que históricamente presentan las relaciones entre Euskadi y el Estado. No se trata ya únicamente de la ausencia de respuesta a requerimientos formales, públicos o discretos, realizados desde las instituciones vascas sobre las políticas encaminadas a consolidar la paz, que también, sino de la absoluta abulia que se constata en el Gobierno español, empezando por su presidente, en el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha adquirido con Euskadi. Compromisos que incluyen y afectan al núcleo del autogobierno vasco, con la reiterada inobservancia del pacto estatutario, que treinta y seis años después sigue teniendo transferencias pendientes, y la constante recentralización: no en vano, en estos momentos hay planteados ante el Tribunal Constitucional nueve recursos por invasión competencial que afectan a al menos 26 materias. Compromisos incumplidos que, asimismo, interesan a la gestión e inversiones en infraestructuras, como la línea de alta velocidad o la administración aeroportuaria. Y compromisos que se ignoran por la simple resistencia a admitir el alcance real de potencialidades fundamentales del Estatuto, lo que significa, por ejemplo, dificultar que la Ertzaintza alcance el carácter integral también en el espacio Schengen o entorpecer la posibilidad de acuerdos para la liquidación del Cupo. Ahora bien, la apelación a la sobreentendida responsabilidad de Rajoy como gobernante, especialmente ahora que él mismo considera iniciada la recuperación y, por tanto, se entendería que superada la inicial urgencia de la economía como prioridad esencial y casi única de su gobierno, no es sino el obligado ejercicio por Urkullu de la responsabilidad propia y adquirida ante la sociedad vasca, que reiteradamente expresa su voluntad mayoritaria al respecto de la relación con el Estado. E ignorarlo sólo aboca a una perpetuación de agravios de cuyos resultados el propio Rajoy ha tenido y tiene pruebas evidentes en el caso de Catalunya.