Poner fin a la excepcionalidad jurídica

DOS recientes decisiones judiciales, dadas a conocer en los últimos días, han venido a romper la tendencia, hasta ahora bastante extendida, de los jueces en el Estado español de asumir como verdad absoluta la injustificable teoría del todo es ETA y han puesto también en solfa tanto los procedimientos y la propia investigación policial como la validez de algunos testimonios arrancados a los acusados en las comisarías y su asunción acrítica como prueba en los juicios. La primera de estas decisiones es el archivo por parte del Juzgado de lo Penal número 3 de San Sebastián de la causa económica del denominado caso Egunkaria y que cierra una causa después de 11 años de grave injusticia contra el periódico. La segunda resolución judicial es aún más contundente y, por su emisor, por su forma y por su contenido, debe suponer un antes y un después en lo que se ha venido conociendo como el frente judicial contra ETA y su entorno. Porque la demoledora sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la que absuelve a 40 jóvenes acusados de ser militantes de la organización ilegalizada Segi contiene elementos a valorar que, sin minusvalorar la importancia intrínseca de la absolución, van más allá del fallo que exonera a los acusados. El dictamen de la Audiencia Nacional tumba sin remisión la estrategia del todo es ETA, separa nítidamente -aunque parezca una obviedad- la actividad meramente política de la acción violenta o terrorista, cuestiona la paupérrima investigación policial y arremete contra el juez instructor por permitir tanto el periodo de incomunicación de los detenidos como que les fuera tomada declaración por parte de la Policía en este régimen excepcional, vulnerando sus derechos, así como por no atender siquiera mínimamente a las denuncias de torturas presentadas por los acusados. Es evidente que la estrategia global contra ETA ha considerado en los últimos años a los tribunales -sobre todo la Audiencia Nacional- casi como meros instrumentos de la lucha antiterrorista. Pero, tal y como se puso de relieve por parte de reputados juristas el viernes en el foro de la Fundación Sabino Arana, esas medidas excepcionales, en especial la incomunicación (que invalida testimonios y ampara los malos tratos) debe desaparecer de inmediato, máxime tras el fin de la actividad armada por parte de ETA.