LA presentación por el director de Juventud y Deportes del Gobierno vasco, Jon Redondo, del informe jurídico que analiza las vías para la representación internacional de las selecciones deportivas vascas sirve como constatación de una realidad: no existe cortapisa legal alguna, ni en el ámbito de la legislación estatal ni en el de la normativa internacional específica del deporte, que impida la participación normalizada de Euskadi en las competiciones oficiales. En realidad, todas las dificultades que la oficialidad de las selecciones vascas de las distintas modalidades deportivas ha hallado y halla para concretarse, incluyendo el dictamen del Tribunal Constitucional, tienen su origen únicamente en la resistencia política que el Estado traslada a las instancias internacionales como parte de su incomprensión hacia los hechos nacionales que sin embargo sí se contemplan en la Constitución y, en el caso vasco, en el Estatuto de Gernika. No en vano, este otorga a Euskadi en su artículo 10.36 "competencias exclusivas" y sin cortapisa en el deporte, que sin embargo no está incluido en el art. 149 de la Carta Magna que contabiliza las que el Estado se reserva como suyas. En otras palabras, la presión que el Estado ejerce sobre las federaciones internacionales de las distintas modalidades deportivas con la intención -y el efecto- de impedir el reconocimiento de las representaciones vascas no tiene más sustento que el de la cerrazón de considerar el deporte no ya un medio de reafirmación estatal sino una herramienta, por otro lado inútil, de proselitismo patriótico, ignorante en cualquier caso de la existencia en la sociedad vasca de una mayoritaria demanda de la oficialidad para sus selecciones. De esa ignorancia estatal surgió, además, el impulso que llevó a algunas federaciones internacionales, entre ellas la UEFA en octubre de 2001, a alterar sus estatutos para limitar la pertenencia a las federaciones asentadas "en un Estado independiente". Sin embargo, ello no ha impedido que entre sus 54 miembros haya notorias excepciones, la última, la de Gibraltar, que ya disputa competiciones internacionales después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) le otorgara la admisión en la UEFA que el máximo organismo del fútbol europeo le había denegado por motivos similares, cuando no idénticos, a los que esgrime el Estado español para impedir la oficialidad a las selecciones vascas.
