LA realización, en encargo del Gobierno vasco, de un estudio de carácter científico por el profesor de Medicina Forense de la UPV/EHU y experto reconocido internacionalmente, Francisco Etxeberria, sobre la tortura en Euskadi entre 1960 y 2010 es la respuesta a la ausencia de investigación del fenómeno de las torturas ya detectada en el primer informe sobre violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) presentado al Parlamento Vasco por la Dirección de DD.HH. en junio de 2008. También es consecuencia de las conclusiones del Abordaje Científico sobre la documentación de la tortura entre 2000 y 2008 que esa misma dirección entregó a la Cámara Vasca en marzo de 2009. Así, pretender atribuir a la investigación científica de los casos de tortura en Euskadi un determinado impulso político o, por el contrario, querer manipularla para justificar la existencia de otro tipo de actividades violentas sería un intento burdo y baldío de prostituir su realización y resultados, tanto como el que durante décadas y desde el Estado ha venido tratando de negar las torturas. Los datos, además, avalan la necesidad de que Euskadi conozca el alcance de un fenómeno tan atroz como largamente denunciado: el jurista holandés Theo van Boven, relator especial de la ONU contra la tortura, recogió en un informe en abril de 2002 un total de 58 casos de malos tratos y torturas a ciudadanos vascos solo en 2000; sendos informes de visitas del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa en 2007 y 2013 mostraban "severa preocupación" ante los presumibles casos de tortura en el Estado y dictámenes del Comité de DD.HH. de la ONU (casos Atxabal o Arkauz) o del Tribunal Europeo de DD.HH. (casos Martínez Sala, San Argimiro, Beristain, Otamendi...) han denunciado la ausencia de investigación y respuesta por el Estado a las acusaciones -más de 5.000 denuncias y solo veinte casos sentenciados- de malos tratos. Por si fuera poco, las cifras del citado Abordaje Científico a la tortura en Euskadi de 2000 a 2008 constatan que de 957 detenidos identificados, 634 habían alegado torturas y 446 presentado denuncia judicial, altamente coincidentes con detenciones de la Guardia Civil, periodos de incomunicación y casos en los que los detenidos fueron absueltos, no procesados o su causa archivada. Su investigación forense también servirá para conocer la realidad de lo sucedido en Euskadi.
