EL ya inminente inicio mañana de los trabajos de la ponencia que sobre el autogobierno vasco, su pasado reciente y su inmediato futuro, se llevará a cabo en el Parlamento Vasco con la presencia de todas las fuerzas parlamentarias ha dado lugar en los últimos días a diversas declaraciones públicas, alguna de ellas de intención polemista y fines estériles. Pero trasladar a la opinión pública la sensación de supuestas discrepancias básicas a través de adjetivaciones innecesarias de aspectos triviales no solo no contribuye al trabajo que se presupone a ese foro parlamentario sino que incide en la deslegitimación ante la ciudadanía que la política y los políticos ya soportan, en la mayoría de los casos inmerecidamente. Ahora bien, si lo que se pretende con ello es convertir el recurso parlamentario y político de la ponencia -como lugar común desde el que alcanzar o cuando menos pretender acuerdos- en simple herramienta para el contraste y la disputa electoral; esa deslegitimación estaría justificada por cuanto supeditaría una aspiración absolutamente mayoritaria en la sociedad vasca, la de la actualización del autogobierno en base a un acuerdo de la mayor amplitud posible, a un aprovechado interés partidista. Descartada esa perversión por serlo tanto de la confianza ciudadana como de los acuerdos parlamentarios sobre los que se asienta la ponencia, cabe preguntarse por qué y cómo puede pretenderse que dicho foro tenga limitado el alcance de las propuestas que se planteen en el mismo, y en consecuencia condicione el de los acuerdos a que se pudiera llegar dentro de los cauces legales establecidos. Y cabe responder que el único objetivo factible de dicha pretensión sería obstaculizar su recorrido e impedir cualquier modalidad de consenso en beneficio de las posturas más extremas. Porque hacerlo supondría además de ignorar la realidad política del país, también su sociología, despreciar los fundamentos ideológicos de algunas de las principales sensibilidades políticas del arco parlamentario vasco y vaciar de contenido la ponencia o, lo que es lo mismo, de justificación a la actividad parlamentaria, convertida en ese caso en mero útil de gestión, con el consiguiente peligro de banalización de la democracia y sus instituciones.