AL supeditar, más explícita que implícitamente, el repliegue de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi a la disolución de ETA, el ministro de Interior del Gobierno español, Jorge Fernández Díaz, ha cometido el gravísimo e imperdonable error de condicionar la legalidad vigente, y los pactos sobre los que esta se sustentó y aprobó hace treinta y cinco años, a la actividad armada de aquellos que precisamente han tratado de violentarla durante esas tres décadas y media. Es la prueba evidente de que la violencia de ETA ha servido y sirve como excusa polivalente al Estado para ignorar la legislación -incluso aquella que forma parte del denominado bloque constitucional, como es el caso del Estatuto de Gernika, en virtud de la disposición adicional primera de la Carta Magna-, con tal de impedir el desarrollo del autogobierno en los parámetros que la sociedad vasca aprobó en referéndum el 25 de octubre de 1979 por aplastante mayoría: 90,27% de votos afirmativos con una participación del 58,85% del censo. Así, la pretensión del ministro de mantener los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinados en la actualidad en Euskadi -2.600 guardias civiles y 1.300 policías nacionales destinados en una veintena de acuartelamientos y otro medio millar de agentes dedicados específicamente al contraterrorismo- que se manifiesta además nítida en hechos en la inauguración de nuevas dependencias policiales ayer en Donostia, desprecia el punto primero del artículo 17 del Estatuto, en el que se limita la actuación de las FSE en Euskadi a "servicios de carácter extracomunitario", en la práctica, vigilancia de fronteras y aduanas. Y siendo esta una pretensión que el ministro proclama de modo unilateral, también desdeña el punto sexto del mismo art. 17 por el que, en todo caso, para la presencia y despliegue de las FSE en territorio vasco es "necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad" que coordina la actividad de la Ertzaintza y de las FSE y que está formada en número igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma; lo que además podría entenderse como la reiteración del alevoso e injusto cuestionamiento del compromiso de la Ertzaintza en la lucha contra la violencia que en no pocas ocasiones se ha insinuado, también interesadamente, desde el Gobierno del Estado.