Sobre las responsabilidades

LOS graves disturbios que el comercio y la ciudadanía soportaron el pasado lunes en Bilbao provocados por una minoría violenta bajo el pretexto de la celebración de la cumbre económica internacional se han pretendido derivar, de manera injustificable, a ámbitos de responsabilidad que nada tienen que ver con el origen de los mismos. Así, el cuestionamiento de los principios socioeconómicos e ideologías de algunos, que no todos, de los asistentes a la cumbre económica no puede ser nunca justificación, por nimia que esta se pretenda, de una protesta violenta, mucho menos del anormal vandalismo que grupos organizados desplegaron en la Gran Vía y el Casco Viejo bilbainos sin más objetivo aparente que el destrozo, la amenaza y el amedrentamiento. De hecho, esas actitudes violentas, perfectamente organizadas, por cierto, solo contribuyen a deslegitimar -como ha sucedido en otras ocasiones y en otros escenarios- las críticas a los fundamentos que promueven cumbres económicas de estas características. Dicho esto, tampoco cabe, como se ha pretendido, trasladar la responsabilidad a la Ertzaintza. Es posible, en todo caso, preguntar por la gestión policial de los incidentes, especialmente por su previsión y por el dispositivo desplegado preventivamente. En realidad, debe hacerse siempre tras sucesos de este tipo. Pero sólo desde un rastrero interés político se pueden obviar las siete detenciones practicadas y la dificultad que entrañaba para la actuación policial contra los violentos que actuaban incrustados en una manifestación legal y pacífica discernir entre estos y quienes participaban en la marcha sin tener ninguna relación con los disturbios, esto es, ignorar las impredecibles consecuencias de una actuación relativamente indiscriminada. De cualquier modo, tal deriva en la petición de responsabilidades obliga en primer término a cuestionar las de quienes convocaron y organizaron la manifestación y antes y durante la misma fueron incapaces de controlar la presencia de esos grupos violentos y, en su defecto, de impedir sus acciones. Y de modo especial obliga a reprobar cualquier tipo de condescendencia pública hacia actitudes inadmisibles que nunca han debido recibir otra respuesta que la más dura condena, especialmente ahora que la sociedad vasca confiaba en haberlas superado.