De pensiones y sostenibilidades

LOS cambios previstos por el Gobierno Rajoy en el método de cálculo de las pensiones mediante la utilización para el mismo de dos nuevos factores, el Factor de Revalorización (FR), que tendrá en cuenta los ingresos y gastos del sistema durante 11 años, y el Factor de Sostenibilidad (FS), que se calculará cada lustro en función de la esperanza de vida a partir de los 67 años, suponen en la práctica la cuarta reforma de las pensiones en el escueto periodo de 24 meses y el enésimo recorte en la capacidad adquisitiva de los pensionistas, que habrán dejado de ingresar al final de la próxima década una media de 400 euros anuales. Al igual que en el caso de las anteriores, quienes plantean o defienden esta nueva reforma esgrimen como fundamento la presuntamente dudosa sostenibilidad del sistema y la alarma de su posible quiebra al tiempo que resaltan el recorte en las prestaciones a los casi nueve millones de pensionistas del Estado como un ahorro. Ocultan, sin embargo, que esos 33.000 millones de euros que se espera ahorrar en los próximos nueve años (hasta 2022), ni siquiera llegan a los 37.000 que el Estado ha dedicado ya a ayudas directas al sector financiero o, si se prefiere, que los 5.000 millones anuales que el Estado pretende ahorrarse, en el escenario más optimista, a costa de las pensiones contributivas son poco más de los 4.500 que enterró en Bankia a través del FROB. Y obvian asimismo que el Gobierno Rajoy ha invertido el 90% de los 65.000 millones de euros que el pasado año tenía el fondo de la Seguridad Social en comprar deuda pública del Estado español, deshaciéndose de fondos alemanes y franceses, lo que -además de incumplir la ley que obliga a invertir las reservas de la Seguridad Social en deuda "que tenga la máxima calidad crediticia"- desmiente el razonamiento de que la imposición del Factor de Revalorización en sustitución del IPC (nunca inferior ni superior a este en más de un 0,25%) pretende garantizar que el sistema de pensiones no abone a los pensionistas más allá de lo que puede soportar. En realidad, lo que pretende el Gobierno Rajoy es seguir respondiendo a las exigencias del rescate europeo y colaborar en la sostenibilidad no del sistema de pensiones sino en la del sistema financiero mediante una paulatina precarización de las jubilaciones -los cálculos más pesimistas sitúan la media de las mismas en 2040 en 1.400 euros- que conlleve un impulso a su ya creciente privatización.