Catalunya y el impacto internacional
Los actos de la Diada no son ya un pulso para calibrar la respuesta de la sociedad, nítida desde el pasado año y en todas las encuestas, ni de presionar al Gobierno del Estado, sino de reforzar el valor político de la demanda catalana ante el mundo
LA Diada y la cadena de más de cuatrocientas mil personas que esta tarde formarán la Vía Catalana para exigir el derecho a votar en una consulta respecto al futuro político de Catalunya pretende llevar hoy la capacidad de decidir de los catalanes más allá del Estado que se resiste a que la ejerzan. No se trata ya de un pulso por calibrar la respuesta de la sociedad catalana ante una convocatoria del ejercicio de la autodeterminación, sobre la independencia o para la asunción de una soberanía plena, que tanto da, por cuanto esta posibilidad quedó suficientemente respaldada el pasado año y ratificada una y otra vez como mayoritaria en todas y cada una de las encuestas desde entonces. Tampoco es simplemente una demostración de fuerza soberanista al Gobierno del Estado, en este caso el presidido por Rajoy, como advertencia para que se avenga a negociar. O no solo. Se trata especialmente de que el mundo, la comunidad internacional, pueda visualizar la realidad política mayoritaria en Catalunya y su distanciamiento del Estado español, desafecta la sociedad catalana por la ignorante cerrazón estatal ante sus demandas socio-económicas y por la manipulación de los recursos jurídicos del Estado para evitar la plasmación de los acuerdos políticos logrados en las instituciones catalanas. La reivindicación hoy superará en ese sentido el horizonte mismo de 2014, de los trescientos años de la conquista castellana, para abonar el impacto internacional que tendrá un previsible posicionamiento mayoritario soberanista en una convocatoria a las urnas aun cuando esta -y esa parece ser la previsión que maneja el Govern presidido por Artur Mas- carezca de valor jurídico. La próxima aprobación de la ley catalana de consultas, basada en competencias que contempla el Estatut, para conocer los deseos o la opinión de la ciudadanía podría servir para eludir la necesidad de la autorización estatal y la pregunta podría redactarse de tal modo que sortee un previsible recurso ante el Tribunal Constitucional, restando capacidad al Estado para presentar resistencia legal a la celebración. Y en ese caso, con la cuestión catalana reforzada ante los ojos y en la agenda del mundo por esta Diada y su visualización en los medios a través de la Vía Catalana, el valor jurídico sería irrelevante frente al valor político y el valor internacional de una respuesta nítida en favor de la soberanía.