EN la línea de sustituir la información por la propaganda que caracteriza al Gobierno de Mariano Rajoy, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ofreció la semana pasada ante el Congreso un balance tan autocomplaciente como irreal sobre los logros de las sucesivas reformas laborales. Báñez asegura que los recortes de derechos laborales y de prestaciones sociales que viene aplicando el PP han detenido la destrucción de empleo y aumentado la competitividad de la economía española. Una idílica realidad que poco tiene que ver con la vida cotidiana que sufren las economías familiares desde el comienzo de la crisis. Una argumentación falsaria que intenta ocultar la dura realidad de millones de personas arrojadas al desempleo y a la reducción de sus prestaciones sociales, y que oculta bajo las frías cifras estadísticas la escasa creación de empleo, que en muchos casos se debe a factores estacionales y abusa de los contratos de ínfima calidad, duración y salarios. Una temporalidad laboral que condena a las nuevas generaciones a la dependencia familiar y que ahoga la capacidad de consumo de una mayoría social que también sufre las consecuencias de un modelo fiscal regresivo. La reforma del PP que tan entusiastamente defiende la ministra, para la que todas esas realidades humanas son situaciones ajenas, únicamente ha logrado incrementar mínimamente la competividad de la economías a costa -salvo excepciones gracias a la apuesta de algunas empresas e instituciones, como puede verse en Euskadi- de la sucesiva reducción de los salarios, un modelo agotado y puesto en cuestión por buena parte de los economistas. Tan solo grupos de presión como el FMI o la troika inciden en esa línea, y todo apunta que la autocomplacencia de Báñez augura, en la línea que ya adelantó el presidente de la patronal, Juan Rosell, a una nueva vuelta de tuerca contra los derechos sociales y laborales. Báñez obvia las consecuencias sociales, económicas y laborales que las reformas laborales del PP, que intentan imponer una nueva cultura del empleo basada en una reparto de la miseria laboral para encubrir las desastrosas cifras del paro, están teniendo en un amplio sector social formado por trabajadores, funcionarios, comerciantes, pequeñas y medianas empresas, jubilados, jóvenes, mujeres y autónomos.