Reforma local del PP: servicios públicos y miles de trabajos en peligro
EL anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno del PP se puede considerar como especialmente negativo, no define con claridad las competencias municipales, no aborda un sistema de financiación adecuado que permita mantener los servicios municipales que se prestan en la actualidad (solo el 13% de los gastos del Estado corresponden a los municipios, prácticamente lo mismo que al inicio de la transición democrática) y aleja la gestión de los servicios de los usuarios, al pasar estos hacia diputaciones y gobiernos autonómicos, más alejados del control de la ciudadanía, criterio este contrario a lo dispuesto en la Carta Europea de la Autonomía Local, ratificada por el Estado español en 1988.
El anteproyecto de ley invade las competencias de la CAPV en materia de organización del territorio, prevé la suspensión, privatización o traspaso a las diputaciones de los servicios en caso de no superar una evaluación en los ayuntamientos con una población inferior a los 20.000 habitantes (93%, 233 de los 251 existentes), evaluación esta sin garantías y exclusivamente con criterios de rentabilidad económica y sin valorar la rentabilidad social de los servicios públicos.
El establecimiento de un "coste estándar de los servicios" con carácter general para todo el Estado sin tener en cuenta la diversidad territorial, económica y social y con independencia de dónde se presten los servicios; población afectada, zonas rurales o urbanas, localidades turísticas o de montaña, densidad, etc., provocará una grave injusticia.
En los supuestos de inadecuación al "coste estándar", los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, las mancomunidades y las entidades locales menores soportarán importantes consecuencias para el empleo y los servicios. Al prever la transferencia de los servicios a "coste estándar", con independencia del coste efectivo, necesariamente la administración receptora o la que transmita esos servicios incurrirán en superávit o déficit, por imperativo legal, o en importantes ajustes de empleo y condiciones de trabajo del personal afectado.
La argumentación del Gobierno no se corresponde con la realidad. El PP justifica esta ley en la necesidad de ajustar su contenido a la ley de estabilidad presupuestaria y el control del déficit público. Los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas lo desmienten: las entidades locales son las administraciones con menor déficit, -0,20% frente al -1,73% de las Comunidades Autónomas y el -10,23% de la Administración Central (la Comunidad Autónoma Vasca se sitúa ligeramente por debajo de la media del conjunto del Estado en déficit público en 2012, -1,39% frente al -1,73% del conjunto de CC.AA.).
La deuda viva de los ayuntamientos vascos es en general aceptable. Con una población del 4,64% representa el 1,84% de la deuda estatal (el 50,7% de la deuda "326 millones de euros" está concentrada en 5 municipios). La deuda por habitante de los municipios vascos es de 295,2 euros, frente a los 743,9 euros del Estado.
Según datos del Informe de gastos de los Ayuntamientos Vascos, elaborado por Eudel, del total de gastos de funcionamiento, un 32% corresponde a servicios no obligatorios, con un gasto estimado de 532 millones de euros. Ello significa que la reforma del Gobierno del PP afectaría al empleo de un 25% del personal (7.153 trabajadores).
Las instituciones vascas tienen que asumir el compromiso político para aprobar la ley municipal vasca y así regular las competencias municipales y la financiación de las mismas en virtud de la capacidad legislativa que en esta materia nos otorga el Estatuto de Gernika. Con ello frenaríamos el negativo impacto que la ley tendría en nuestros municipios, al ser de aplicación supletoria ante la falta de una ley propia.
La reforma supone una vuelta al pasado, recentralizando la capacidad normativa y de control económico ("coste estándar" mediante real decreto), fomenta la privatización y supresión de servicios, destruye empleo público y de los servicios subcontratados y atenta contra la negociación colectiva al fijar salarios máximos y mínimos unilateralmente mediante la Ley de PGE.
Es, en definitiva, una reforma en contra de la ciudadanía y los servicios. El anteproyecto de ley deja sin cobertura jurídica la prestación de servicios municipales consolidados a lo largo de los años y con una demanda social importante en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca: medio ambiente, infancia, juventud, inmigración, mujer, cultura-teatro, tercera edad y centros de día-residencias, desarrollo económico, protección discapacitados (centros especiales de empleo), vivienda, euskera-euskaltegis, escuelas infantiles, escuelas de música-banda municipal... Además, transfiere a las Comunidades Autónomas las competencias en servicios sociales, educación y sanidad. Ello provocará importantes restricciones en el acceso a los servicios públicos de la parte de la ciudadanía más castigada por los efectos de la crisis.