El galeno, el género y el plan

Pensemos que nuestra paciente es la sociedad vasca, aquejada de graves conculcaciones de derechos humanos. Ha sufrido asesinatos, mutilaciones, torturas, secuestros, envilecimientos, uso excesivo de la fuerza, y gente que se ha ido por miedo a ser a su vez objeto de cualquiera de esas vulneraciones. Esos crímenes fueron cometidos a lo largo de los años por diversas versiones de ETA y por otros grupos que han utilizado la violencia; perpetrados desde el Estado por las fuerzas de seguridad, por grupos parapoliciales o de extrema derecha -con siglas o sin ellas- y sabemos que en algunos casos aún queda por investigar la autoría. Este diagnóstico se ha constatado y plasmado en un Informe Base de Vulneraciones de Derechos Humanos que ha sido elaborado por un grupo de expertos -tres hombres y una mujer- que garantizan los resultados con su experiencia reconocida.

Por otra parte, la semana pasada se presentó el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Se trata de un documento de 75 páginas, muy bien estructurado, que consta de proyecto, proceso y programa. Repartidas por ese plan, hay 18 iniciativas que se espera llevar a cabo de aquí al 2016. Tanto las tres partes como las iniciativas encajan las unas con las otras como engranajes de relojería y llama la atención la minuciosidad, el cuidado y la meticulosidad con que ha sido elaborado.

Como decía, nuestro médico también necesita el mejor instrumental. En ese sentido, el plan es como un bisturí que sirve exactamente para lo que sirve. Es un plan de paz y reconciliación, no un plan integral de derechos humanos. Y sí, es un instrumento de precisión muy cuidado en su elaboración, pero incluso como tal nos ha sido entregado con una tara importante: el enfoque de género brilla por su ausencia, por lo que me pregunto cuántas mujeres participaron en su elaboración y -sobre todo- si tuvieron peso específico en la misma.

Tal omisión resalta poderosamente porque el propio plan afirma que el mapa de carreteras que pretende seguir se asienta sobre el derecho internacional. Hoy en día, en el derecho internacional, sencillamente no se concibe iniciativa de paz que merezca ese nombre si prescinde del enfoque de género. ¡Ojo! El enfoque de género no es ninguna moda, sino la constatación de que la universalidad de los derechos humanos sólo puede afirmarse paliando la discriminación. La Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (conocido como la CEDAW por sus siglas en inglés) tiene el mandato imperativo de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Llamaría poderosamente la atención que no hayan tenido las mujeres la presencia que les corresponde en su elaboración y, posteriormente, en su gestión. El Comité que supervisa el cumplimento de la CEDAW en su día ya amonestó severamente al Reino Unido por no rendir cuentas sobre cómo aplicó la resolución 1325 aprobada en 2000 por el Consejo de Seguridad, sobre mujeres, paz y seguridad, a la hora de afrontar la situación en Irlanda del Norte. Claro, no rindió cuentas porque no había hecho absolutamente nada al respecto.

La propia Ley Vasca de Igualdad obliga a la Administración a hacer informes de impacto de género. Creo que esa obligación fue incumplida en el decreto de víctimas de violencia de motivación política en la anterior legislatura y sería lamentable que pasara lo mismo con el Plan de Paz y Reconciliación. Hoy en día, un diagnóstico de conculcaciones debe asimismo revelar en qué se discriminó a la mujer, tanto en la forma específica de las vulneraciones -amenazas con ingredientes sexistas, violaciones sexuales con reivindicación política, determinadas formas de tortura, etc.- como en la forma en que posteriormente la sociedad sobrellevó esas conculcaciones. Estoy absolutamente seguro de que el grueso del peso de sacar adelante las familias de las víctimas de todo tipo lo han llevado las mujeres, a veces en situaciones de abandono o de discriminación que, por sí mismas, constituyen conculcaciones de otros derechos.

Afortunadamente el bisturí viene con periodo de garantía y contamos con plazo hasta septiembre para aportar y conseguir un instrumento perfeccionado.

Nuestro médico, además, va a tener que tratar esas graves vulneraciones del derecho a la vida y del derecho a la integridad física y psíquica en un contexto en el que la crisis y las conculcaciones de otros derechos económicos, sociales y culturales -como el derecho a la vivienda, a la educación y a la sanidad- están erosionando a la clase media y arrasan con las personas más desfavorecidas que nos rodean. También aquí es demoledora la desigualdad de género: además de la discriminación de género en el ámbito laboral -más descarada en este tiempo- son las mujeres las más afectadas por el desmantelamiento, por ejemplo, de determinados servicios asistenciales, de educación infantil, etc.

Nuestro galeno, por tanto, no va a poder actuar en las mejores condiciones posibles. Por eso es imperativo que cuente con todos los instrumentos necesarios en el maletín, y, si esos instrumentos no son planificados y tuneados en clave de derechos humanos, el Plan de Paz y Convivencia corre el riesgo de verse engullido por la crisis. Ojalá no sea así.