¿Repliegue o adecuación? ¿Qué tal realismo?

LA inclusión de una apuesta por el repliegue definitivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en el programa del nuevo Gobierno vasco ha devuelto al primer plano de la actualidad un concepto, la denominada "adecuación", consustancial a la propia existencia de la Ertzaintza. Con el fenómeno terrorista en vías de agotamiento, la crisis económica, una nueva entropía de control del fenómeno delictivo, nuevos marcos y entornos de actuación ante la demanda ciudadana y más tecnología de apoyo a la función policial parece prudente esta reflexión.

Y es que, a pesar de que los datos no sean demasiado actuales (2008), en la CAPV solo con la Ertzaintza había un agente para 286 habitantes; si considerábamos las Policías Locales -que, aunque con diferencias competenciales, también se integran en la Policía del País Vasco-, el promedio era de un agente por cada 202 habitantes. Con los datos disponibles sobre las FCSE, se alcanzaba el promedio de un agente cada 149 habitantes. Las cifras son llamativas con relación a los datos de otros países (publicados entonces por la Secretaría de Estado de Seguridad) que iban desde mínimos como Suecia (527) hasta Francia (294) o Bélgica (270), con una media aproximada en la UE que se situaba sobre los 280 habitantes/agente. Policías que habían de hacer frente, ese mismo 2008 por coherencia estadística, a tasas de delincuencia (delitos por mil habitantes) que oscilaban desde las cifras de Suecia (137,87), Bélgica (94,45), hasta la media de la UE (69,69), el Estado (51,12) o la propia CAPV (36,57).

Aunque delito, delincuente y policía suelen resultar incompatibles en el mismo momento y lugar, la presencia policial no es el único factor que influye en estas tasas. Por ejemplo, en la CAPV se suman otras componentes explicativas. Por ello va siendo hora de que en un asunto con tantas aristas, legalidad y racionalidad vayan abriéndose paso allá donde la situación delictiva y emocional no lo han permitido hasta el presente. Porque estamos ante una disfunción tan evidente pero tan traspasada por pulsiones políticas que jamás he oído hablar sobre ella ni a los impulsores del famoso informe sobre duplicidades ni a los apóstoles madrileños del ahorro.

Conceptualmente, el proceso de "adecuación" obedece al hecho de que la Ertzaintza, como policía integral que es, se concibe como un modelo policial de sustitución en el marco estatutario. De hecho, en la Junta de Seguridad celebrada el 29 de agosto de 1990, la representación del Estado define la adecuación como "la sustitución progresiva de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la Policía Autónoma del País Vasco para el ejercicio de los cometidos que a esta corresponden", lo que "hace preciso abordar la acomodación del contingente policial humano y material de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado situado en el País Vasco".

Centrada la idea, era necesario, más allá de los fundamentos jurídicos, concretar los criterios a seguir. Entre los principales, trabajar sobre elementos como la reserva competencial que corresponde a cada cuerpo policial, una eficaz coordinación operativa o la no duplicidad de efectivos y cerrar de una vez por todas el paso a inercias improductivas. Poco tiempo más tarde, se planteó la integración del modelo policial vasco en la arquitectura de seguridad europea alumbrada en el convenio de Schengen; por cierto, aún a mucha distancia de completarse.

Sin embargo, no puede decirse que la lógica o el mero respeto a la legalidad hayan presidido este proceso. La persistencia del terrorismo y las resistencias políticas a aceptar las implicaciones que tiene la propia existencia de la Ertzaintza han convertido la adecuación en un tema casi tabú. Desde 1990, se ha dedicado bastante tiempo y esfuerzo por parte del Departamento de Interior del Gobierno vasco a avanzar en este camino. Así, en la Junta de Seguridad celebrada el 16 de junio de 1995 se aprobaron nuevos acuerdos que afectaban, entre otras, a diversas materias vinculadas con la coordinación operativa de servicios, la seguridad ciudadana, la administración de seguridad o el perfeccionamiento del acuerdo de delimitación de servicios en materia de policía de investigación criminal y policía judicial. Estos acuerdos animaron entonces al Ministerio de Justicia e Interior a anunciar "la adecuación de las estructuras y plantillas de las FCSE destinadas en el País Vasco a funciones de policía judicial".

Sobre esta base, el Gobierno vasco se aplicó a cumplir y hacer cumplir lo acordado, que no es poco. Sobre cómo evolucionó todo esto puede darnos una idea lo que recogió el Boletín del Congreso de 19 de noviembre de 1996 tras la pregunta de la diputada Sra. Lasagabaster sobre presencia de las FCSE en la CAPV. En su respuesta, el Ministerio del Interior afirmaba en resumidas cuentas que "las Unidades sobredimensionadas son las pertenecientes a Seguridad Ciudadana, ? y en general, aquellas destinadas a la prevención de la delincuencia y atención al ciudadano están sometidas a un proceso de reestructuración, para redistribuir sus efectivos? Paralelamente, los servicios infradimensionados son principalmente las Unidades de Información y Fronteras, y Extranjeros (ciertamente, diferenciando labores de inmigración, expulsión y extradición), áreas en las que el Cuerpo Nacional de Policía conserva íntegramente sus competencias y que deben ser reforzadas debido al recrudecimiento del fenómeno terrorista y de la asunción por parte del Estado de los compromisos derivados del Acuerdo Schengen", dando cuenta parcial, además, tanto de los efectivos de CNP como de Guardia Civil dedicados a las competencias atribuidas.

Insistió la diputada Sra. Lasagabaster en conocer más datos sobre el particular y, en el Boletín del Congreso de 29 de abril de 1999, a su pregunta sobre los planes de la Guardia Civil y del resto de FCSE para ir adaptando sus plantillas de efectivos y miembros a las misiones encomendadas, el Ministerio del Interior respondió que "los efectivos del CNP han ido disminuyendo progresivamente? plantilla que se considera ajustada a las necesidades exigidas por el desempeño de sus competencias en las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca. Ello motiva que? se realice un reajuste continuo de las plantillas, en el que, entre otros factores, se tiene en cuenta la conflictividad social y determinadas formas graves de delincuencia, entre ellas el terrorismo. Una vez que este desaparezca, se tendrá en consideración en ese reajuste, que en cualquier caso no será muy significativo?". En el caso de Guardia Civil, tras la redistribución inicial motivada por el despliegue de la Ertzaintza, entendían que no cabía modificar la situación al no haber variado sus cometidos.

Ambas respuestas obviaban que el carácter integral de la Ertzaintza implica su pleno reconocimiento en el marco internacional, la integración en dignas condiciones de sus sistemas de información en el marco europeo que más tarde le fuera planteada incluso por las propias instituciones europeas. La resistencia estatal crónica a dar este paso ha lastrado la operatividad de la Policía vasca y comprometido la seguridad de sus agentes de manera más intensa que los cíclicos debates sobre materiales y organización que aventaron algunos sindicatos corporativos a los que siempre se echó de menos en esta reivindicación básica para el desempeño profesional.

Hace casi dieciocho años que concluyó el despliegue territorial de la Ertzaintza. El desarrollo de su proceso de despliegue funcional aconsejaba avanzar en la adecuación de las FCSE presentes en el territorio de la CAPV mediante la identificación de una serie de criterios técnicos reales y compartidos que sirvieran de base a un documento de cierre dinámico del proceso. El terrorismo sobre el que las fuerzas policiales tienen competencias concurrentes ha tenido un doble efecto: primero, animar al gobierno del Estado a oponerse a cualquier propuesta de repliegue; y segundo, la escasa comprensión social de la que hubiera sido objeto quien tomase tal iniciativa. Hablar de "adecuación", por añadidura, parecía suponer una invocación inmediata a una cierta controversia política en la que, según la coyuntura del momento, afloraban con mayor o menor intensidad diferentes opiniones y sensibilidades ajenas al ámbito técnico. Esa realidad tampoco ayudaba a encauzar una cuestión que la situación económica y el declive del terrorismo obligan hoy a abordar en serio.