Las reacciones viscerales suelen ser negativas en los casos que conmocionan a la opinión pública. Por eso, promulgar leyes en caliente por la presión de acontecimientos tiene el riesgo de que el legislador sea incapaz de liderar soluciones estables que requieren justicia y no venganza. Es el caso del Gobierno, que se muestra insensible a las demandas desesperadas de los que no pueden pagar sus hipotecas y son desalojados de sus viviendas en base a una ley de 1909 que solo protege los intereses de prestamistas y bancos e ignora los de quienes se ven imposibilitados de pagar. Las entidades financieras causan los destrozos, pero son los legisladores y los que interpretan las leyes quienes les permiten actuar impunemente.

Produce sorpresa lo manifestado en público por los más altos jerarcas de los jueces criticando la situación a la que se ha llegado a causa de que el legislador no modifica las leyes y permite que se produzca la trágica muerte de una mujer desesperada por ser desahuciada, conforme a la sentencia de un juez. Sorprende porque es la primera vez que públicamente se expresan así jueces que siempre se han posicionado asépticos respecto a las leyes: los órganos que les amparan siempre responden que su misión es aplicar las leyes, no criticarlas y menos cambiarlas.

Es extraña para el ciudadano esta toma de conciencia, dado que en otros muchos temas se muestran exquisitamente neutrales y se guardan de emitir opinión alguna. ¿Han protestado ante el indulto decidido por el gobierno en favor del vicepresidente de un banco condenado a prisión por los tribunales? ¿Han amparado con declaraciones públicas a los detenidos que han denunciado torturas? ¿Han expresado su rechazo a la existencia de un tribunal de excepción, tal como lo han catalogado diferentes organismos mundiales de defensa de los derechos humanos?

Protestaron cuando el señor Dívar expresó su derecho a una indemnización de más de 8.000 euros mensuales al ser cesado, lo que es conforme a la ley. ¿Es conforme a derecho que algunos jueces hayan manifestado su decisión de hacer interpretaciones benévolas de las situaciones legales en los desahucios y no lo hagan en otras en las que se producen situaciones manifiestamente injustas, pero que no existe una opinión pública bajo alarma social como en el caso que se comenta?

Los jueces deberían ser elegidos por la ciudadanía democráticamente, ser enjuiciados y en su caso removidos. La justicia debe ser impartida mayoritariamente por jurados, pues supondría vincular al pueblo con una función tan esencial.