HACE pocos días, supimos que el déficit presupuestario del Gobierno vasco el año pasado (2,54% del PIB) casi duplica la previsión-compromiso de déficit que tenía contraído (1,3% del PIB), lo que implica que en 2011 el desfase negativo entre sus ingresos y sus gastos ha alcanzado la nada desdeñable cifra de casi 1.700 millones de euros. El dato dice bien poco de la capacidad de gestión del actual Gobierno vasco en una coyuntura de contracción de los ingresos públicos, por eso no lo quería dar a conocer y nos hemos tenido que acabar enterando a través del Ministerio español de Hacienda. En todo caso, el tiempo ha demostrado que en EAJ/PNV, tan criticados, teníamos razón.

La reacción pública del Ejecutivo ha sido peor aún, si cabe, que el déficit que por tercer año consecutivo le ha hecho al erario vasco: en un gesto de incomprensible jactancia por la desviación producida, dice no estar dispuesto a "sacralizar" la consecución de los objetivos de déficit público si para ello debe "recortar" el gasto en servicios públicos, cuando su Gobierno y su partido han hecho ambas cosas.

Sacralizar, no; lo que ha hecho el Partido Socialista ha sido petrificar en la Constitución los parámetros de deuda y déficit públicos mediante una reforma constitucional -inabordable si de otras cuestiones se trata-- cocinada a dos, en quince días, en pleno mes de agosto, y sin consulta a la ciudadanía.

En cuanto a la negativa del lehendakari a los recortes, es tanto como renegar de la acción de su gobierno, que ha sido el que ha rebajado el sueldo a sus trabajadores; el que ha endurecido las condiciones de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos, cuya cuantía ha sufrido un recorte medio del 7%; el que tiene completamente saturadas las urgencias de los hospitales de Cruces, Basurto o Donostia; el que ha disminuido considerablemente la subvención al transporte o a los comedores escolares...

El mal administrador todo lo arregla pidiendo más o endeudándose. Y, claro, este gobierno no iba a ser una excepción. Desde que inició su andadura en mayo de 2009 hasta la conclusión de 2011, en menos de tres años, ha incrementado la deuda del Gobierno vasco en 4.858 millones de euros, es decir, la ha multiplicado por 8,6 respecto a como la encontró, pasando el ratio deuda/PIB del 1,0% de 2008 al 7,3% de 2011. ¡Vaya herencia deja al próximo Gobierno! Sus primeros presupuestos, los de 2014, partirán con una carga financiera (amortización de deuda más intereses) de más de 700 millones de euros, aproximadamente el 7% del total del presupuesto.

Y como, aun endeudándose -endeudándonos- exponencialmente, no le llega para hacer frente a la gestión, ha creído descubrir en su mantra fiscal, esa subida de impuestos que nunca acaba de concretar, la gran batalla ideológica con la derecha.

Para empezar, resulta grotesca su pretensión de ubicar en tal espacio ideológico-político al partido que durante treinta años ha liderado las instituciones más avanzadas en lo social que hay a nuestro alrededor (fiscalidad más progresiva, renta básica por ley, servicios sociales modélicos, sanidad y educación envidiadas, parques tecnológicos punteros, promoción pionera de vivienda de protección pública, etc.). Aparte de que al lehendakari se le olvidan unas cuantas cosas.

Se le olvida, por ejemplo, que su partido ha votado las normas forales que rigen las dos principales figuras tributarias sobre las que tenemos capacidad regulatoria, el IRPF y el Impuesto de Sociedades. Elude contar que hasta su llegada a Lehendakaritza nunca su partido había cuestionado la competencia fiscal de las diputaciones forales, no desde luego cuando ostentó responsabilidades en gobiernos forales, incluida el área de Hacienda. Últimamente, sin embargo, hace alarde de estar jugando desde Gipuzkoa a la desarmonización fiscal del país, ejercicio de altura donde los haya por parte del partido que está en el Gobierno de Euskadi.

En efecto, el Partido Socialista está en el Gobierno (cosa distinta es gobernar). ¿Cómo se explica si no que el Gobierno español tenga arbitrariamente retenidos vía Cupo 366 millones de euros de las Instituciones Vascas? Pues porque el Ejecutivo Zapatero incumplió la Ley del Cupo sin que el Ejecutivo López promoviera ninguna reunión de la Comisión Mixta del Concierto Económico para resolver esta cuestión. O, si de seguir buscando recursos se trata, ¿cómo es posible que el Gobierno vasco no haya instado todavía la concertación de un nuevo impuesto sobre el juego, vigente en el resto del Estado, y que ahora en Euskadi está siendo recaudado por la Agencia Tributaria española?

En conclusión, que en este Gobierno socialista es abismal la distancia existente entre la arenga del mitin o la declaración periodística y los actos y decisiones que obran en el Boletín Oficial, es la distancia entre sus palabras y sus hechos.

De todas formas, tampoco nos sorprende a estas alturas. Hace ahora tres años se pasó meses diciendo aquello de "no buscaré acuerdos con el PP, no voy a pactar con el PP", y en cuanto se cerraron las urnas sus palabras se las llevó el viento y ahí sigue, gracias al pacto mil y una veces negado y, no lo olvidemos, a la amputación de la representación institucional derivada de la voluntad de todo el cuerpo electoral vasco.