DESDE el mismo momento en que tomó posesión su Gobierno, Patxi López propuso declarar festiva la jornada del 25 de octubre para conmemorar el Día del País Vasco-Euskadi Eguna. Una fecha que, solo en teoría y a modo de extemporáneo fetiche, pretendía conmemorar el autogobierno vasco en cada aniversario del referéndum del Estatuto. Pero lejos de aglutinar voluntades -desde el inicio se vio que no era esa la intención-, la idea provocó un frente más para la división. Una división que se evidenció ayer con plena nitidez. Que PSE y sus socios populares encuentren cómoda la celebración está dentro de la lógica del papel que ambas formaciones han ejercido durante 32 años, pero pretender que la festividad abarque a todas las sensibilidades es estar fuera de la realidad. Nadie duda de que el Estatuto ha traído bienestar a la sociedad vasca pero utilizarlo ahora como parapeto para frenar otras aspiraciones legítimas tiene, a estas alturas, poco recorrido. El Estatuto nació en 1979 y la propuesta fue refrendada por el 90% de la ciudadanía de la CAV -vista la imposibilidad de integrar a Nafarroa en un proyecto común- con un amplio apoyo de las fuerzas políticas a excepción de AP, que pidió el voto contrario, y la abstención de la izquierda abertzale. Desde el inicio, el Estatuto que fijaba la autonomía para Bizkaia, Araba y Gipuzkoa se perfiló como un objetivo cumplido para las formaciones de ámbito estatal y como un primer escalón hacia el cumplimiento de una aspiración más amplia -el derecho a decidir, la autoderminación y la territorialidad- para los partidos abertzales. Y esa brecha ha continuado hasta hoy. Con un dato añadido: el transcurrir de los años ha puesto en evidencia al Estado español en la medida en la que ha ido incumpliendo de forma sistemática el desarrollo de un Estatuto que concedía importantes y valiosísimas competencias a la CAV. Competencias que, desde la óptica centralista, han sido vistas como privilegios y cesiones y nunca como derechos, y que a lo largo de décadas han sido literalmente arrancadas a los gobiernos de turno, como es el caso del último paquete que fue traspasado al Gobierno vasco por la presión del PNV, que supo aprovechar la debilidad de un Zapatero necesitado de apoyos. Pero ni el Estatuto de Gernika está completado ni la sociedad vasca, en su inmensa mayoría, cree ya que este marco legal sea el que responda a sus demandas. Hoy, 32 años después y concluida felizmente la negra etapa de la violencia, ya no hay excusas para abordar el verdadero meollo del contencioso. El planteamiento ya está encima de la mesa. Lo explicitó ayer el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, que puso fecha para el refrendo de la "nueva formulación jurídico-política" de Euskadi: 2015. He ahí la clave para la Euskadi del futuro, en paz, libertad y democracia.