DESDE que el pasado 26 de julio -esto es, en pleno verano y a las puertas del tradicional periodo inhábil de agosto- el consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, presentara la tan esperada Oferta Pública de Empleo (OPE) para el sistema sanitario vasco, las críticas sobre el fondo, la forma, las explicaciones, los argumentos y hasta la legalidad de la iniciativa no han dejado de sucederse. Tanto, que ya hay anunciados varios recursos de todo tipo contra la oferta de empleo: del Observatorio de Derechos Lingüísticos Behatokia, del Sindicato Médico de Euskadi (SME), de la Federación de Facultativos de Hospitales de Euskadi (FFHE) -es decir, la mayoría de médicos vascos-, del sindicato mayoritario en la enfermería (Satse) -que presentará tres- y de LAB. Eso, de momento. Estos recursos, con argumentos sólidos, amenazan con paralizar -si no anular- durante largo tiempo el proceso que debería culminar con la incorporación a Osakidetza de 2.600 profesionales de diferentes ramas y especialidades sanitarias. Esta circunstancia, perfectamente factible dada la multiplicidad de recursos, afectaría a miles de personas que aspiran a un puesto de trabajo en el sistema sanitario vasco y que llevan años esperando la oportunidad. Pero ante los anuncios de estos recursos y las críticas -a las que se han sumado desde el inicio también todos los partidos políticos excepto el PSE, bien es cierto que en algunos casos por motivos dispares-, Osakidetza ha optado por el enroque en sus posiciones y ha adelantado que no se moverá ni un milímetro. Es más, el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, en una huida hacia adelante que solo se justifica en la arrogancia del que se cree en posesión de la verdad absoluta, responsabilizó directamente a los sindicatos recurrentes del retraso que previsiblemente supondrán las demandas. No puede obviar el viceconsejero que quien ha convocado la OPE es el Departamento del que él forma parte y dirige Rafael Bengoa y que lo que ocurra con el proceso es de su exclusiva responsabilidad. Sobre todo habida cuenta de que, tal y como han denunciado los sindicatos y ha quedado palmariamente claro por las reacciones de todos los agentes, la OPE se ha convocado de forma irresponsablemente unilateral, no solo sin consenso, sino sin siquiera cocina previa. Ni los partidos ni los sindicatos profesionales ni de clase la aprueban. Una vez más, el Ejecutivo de Patxi López ha actuado con una prepotencia que no amparan ni su situación política ni su legitimidad social. Mención aparte merecen los demagógicos e intolerables argumentos del viceconsejero a la hora de explicar -de nuevo- la rebaja en la valoración del euskera. Afirmar que una OPE "de referencia" necesita de profesionales de fuera de Euskadi es un triple insulto: al euskera, a los sanitarios vascos y a la inteligencia de todos.