Razón y precedente

LA sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Bilbao, por la que la magistrada Begoña Díaz condena a Metro Bilbao a insertar publicidad en DEIA o, en su defecto, a indemnizar a este medio por su exclusión de la campaña con la que la empresa del suburbano pretendía celebrar su decimoquinto aniversario en noviembre del pasado año, responde al derecho constitucional a la igualdad de oportunidades explicitado en el artículo 14 de la Carta Magna y al derecho a la recepción de información veraz que consta en el artículo 20.1, además de a los principios específicos que contempla la exposición de motivos de la Ley 29/2005 de 29 de diciembre de Publicidad y Comunicación Institucional y da la razón a DEIA cuando considera discriminatoria la no inserción en sus páginas de publicidad que sí se contrata en medios de menor penetración y audiencia en idéntico ámbito. Pero la sentencia constata además que "la exclusión del diario DEIA no es un hecho aislado" sino que responde a una actitud continuada por parte de los administradores de Metro Bilbao desde que los representantes del PSE son mayoría en sus órganos directivos, actitud que se extiende, aunque la sentencia no lo estipule por no ser motivo de este juicio, a otras sociedades, empresas y departamentos del Gobierno vasco que preside Patxi López y para los que la resolución judicial emitida ahora debe suponer un precedente. Tanto Metro Bilbao como el Ejecutivo y los órganos y organismos que éste administra mediante el dinero público aportado por ciudadanos de todas las ideologías no pueden seguir haciendo caso omiso al fundamento democrático de que los medios de comunicación son el soporte que garantiza la libertad de expresión y, por tanto, un útil imprescindible para el funcionamiento y desarrollo del pluralismo en la sociedad al tratar de forzar, eso sí, inútilmente; el sentido de nuestras informaciones, la independencia de nuestra opinión y el deber crítico de vigilancia de la actividad pública inherente a la labor social que todo medio de comunicación debe cumplir. Porque la realidad es que, igual que Metro Bilbao, una decena de campañas publicitarias contratadas por el Gobierno López, además de numerosos anuncios oficiales, han discriminado a DEIA por el simple hecho de que mantiene una línea editorial distinta a la de quienes aplauden entusiasta y automáticamente sus políticas tras haber impulsado su llegada al Gobierno, lo que supone un atentado contra el derecho de nuestros lectores a recibir información institucional de interés público, es contradictorio con el objetivo de toda publicidad por cuanto excluye al único diario que en los dos últimos años desdice el generalizado descenso de audiencia con un incremento mantenido de lectores, tal y como reiteró ayer mismo el Estudio General de Medios; e incumple la ley si nos atenemos al precedente de esta última sentencia.