HOY, 26 de junio, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de Solidaridad con las Víctimas de la tortura. Es más que probable que a muchos ciudadanos les resulte incluso extraña la dedicación de una jornada a denunciar los abusos y malos tratos que sufren detenidos y presos. Máxime en el mundo occidental, y en nuestro entorno en particular. Sin embargo, desgraciadamente hay aún razones para fijar la mirada crítica en algunas actuaciones de los poderes públicos y de los diferentes cuerpos de seguridad y para exigir un escrupuloso compromiso y comportamiento acorde a los derechos humanos. El escandaloso debate que tuvo lugar el pasado mes de mayo, sobre todo en EE.UU. pero por extensión a nivel internacional, sobre la presunta legitimidad del uso de la tortura para obtener información valiosa gracias a la que, siempre supuestamente, se conseguiría evitar la muerte de muchas personas pone en evidencia la necesidad de esa exigencia ética en la actuación de las administraciones y también de los distintos grupos sociales. Ese debate, que tuvo lugar a raíz de saberse que la localización y posterior ejecución de Bin Laden se debió al uso de interrogatorios eufemísticamente denominados "coercitivos" a prisioneros, coloca la cuestión de los derechos humanos en un plano impensable desde el punto de vista ético y democrático. Denunciar la tortura y abogar por el respeto escrupuloso de los derechos de todas las personas, incluso de las que están presas por los más execrables crímenes, no va, en absoluto, en menoscabo de la labor de las distintas Policías ni deslegitima su labor. Bien al contrario, pone en valor su actividad y sus actuaciones bajo la lupa de una sociedad democrática y de un estado de derecho. No se trata de dar por buena la versión -a todas luces falsa- de que la tortura es una práctica sistemática ni en Euskadi ni en el Estado español. Sin embargo, los datos objetivos permiten concluir también sin lugar a dudas que sigue habiendo espacios de impunidad y que los malos tratos y la tortura son prácticas que aún persisten. La sentencia condenatoria a varios guardias civiles por torturar a los miembros de ETA Igor Portu y Mattin Sarasola y la condena también al Estado español por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar una denuncia de torturas así lo atestiguan. De ahí que aún sean necesarias actitudes como la adoptada el pasado jueves por el Parlamento Vasco que, con un consenso casi insólito del que solo se descolgaron PP y EA, aprobó exigir a la Fiscalía que se investiguen "hasta el final" todas las denuncias de malos tratos. A día de hoy, ETA, su mera existencia, sigue siendo la mayor vulneración de derechos en Euskadi, pero ello no debe impedir la denuncia ética y democrática de cualquier otra violación de la integridad física, psicológica y moral de las personas.