Inversión social

QUE la situación de crisis económica, pese a mantenerse aún esta más contenida en Euskadi que en el Estado, lleva aparejadas situaciones de pobreza y exclusión de volúmenes y niveles que no se alcanzaban en la sociedad vasca desde antes de la última década del pasado siglo, es una evidencia asentada tanto en la cruda lógica de las insolidaridades que padecen las comunidades desarrolladas como en la experiencia de aquellas organizaciones que se enfrentan a diario a las mismas. No es de extrañar, por tanto, que incluso en una ciudad de características cosmopolitas y horizonte de modernidad como Bilbao, y en un entorno que aunque menos también está afectado por las consecuencias de la crisis globalizada, una investigación sociológica como la llevada a cabo por la Fundación Foessa de La Caixa alcance una conclusión a la que Cáritas pone palabras: "La pobreza en nuestro entorno está creciendo en cuanto a número de personas y en cuanto a gravedad de las situaciones". Sí sorprende, y preocupa sobremanera, sin embargo, que el crecimiento exponencial de los casos de necesidad coincida en el tiempo con una reducción de la capacidad institucional para hacerles frente, sobre todo, si dicha reducción no se justifica en orden a las posibilidades de los recursos públicos sino en virtud del orden de prioridades con que se destinan estos pese a que en ese orden la penuria debería ocupar el lugar preferente. Tratar además de ocultar esa merma en las ayudas sociales con apelaciones a un presunto fraude que en todo caso justificaría un aumento del control pero no una disminución de las acciones correctoras, supone extender una peligrosa sospecha que solo puede llevar a recrudecer la exclusión, que tristemente es inherente a la pobreza, y a extender la división entre los estratos de la sociedad a lomos del populismo, siempre de la mano de la discriminación. Que solo un programa de los desarrollados en Bilbao haya atendido a 1.735 familias y a 2.715 menores, que ocho de cada diez casos afecten a hogares con sus componentes en paro, más de cinco de cada diez correspondan a menores en situación de exclusión severa y la mitad de los mismos a hogares monoparentales en su mayoría a cargo de una mujer son datos que deberían hacer pensar a la sociedad y a las instituciones que la dirigen antes de buscar razonamientos artificiales para anteponer otras actividades y minusvalorar desde la misma denominación de "gasto", lo que en realidad no es sino inversión social. Porque pocas iniciativas institucionales pueden resultar más productivas que aquellas con las que no solo se palían situaciones actuales, sino que se encamina a quienes las padecen a un futuro de integración que, en el caso de lograrse de modo definitivo, revierte con creces en forma de beneficio a la sociedad.