Déficit, nerviosismo y justificación

LAS medidas, recomendaciones y modificaciones presupuestarias de cara a la segunda mitad del ejercicio 2011 avanzadas a todas las áreas del Gobierno vasco por el Departamento de Economía y Hacienda que dirige Carlos Agirre revelan la inquietud del Ejecutivo ante un posible incremento del déficit que supere la previsión del 1,3% del PIB, marcado por Lakua después de haberse visto obligado ya a retocar el vaticinio inicial del 1,2% que acompañó a los presupuestos en diciembre del pasado año. Sin embargo, la resolución de la concesión de ayudas para noviembre, la retención de créditos incluso con modificaciones presupuestarias en entes y sociedades públicas, el control del gasto en retribuciones, dietas o publicidad, la consideración prioritaria del precio en las concesiones o la limitación de la imputación al actual ejercicio a los capítulos de las subvenciones que exijan su abono durante el mismo son aún en el caso de cumplirse disposiciones puntuales que solo servirían para paliar temporalmente una tendencia que ya en marzo rompía las previsiones al alcanzar en tres meses el 60% de lo anunciado para todo el año con el 0,77% del PIB y muy por encima del 0,46% de media en las Comunidades Autónomas. Si a ello se añade la corrección de seis décimas (del 6% al 6,6%) realizada por el Fondo Monetario Internacional a la previsión estatal o las advertencias empresariales de que en los primeros seis meses de 2011 se ha retrocedido tres cuartas partes de lo avanzado por la economía vasca durante 2010, el nerviosísimo del Gobierno López parece mucho más justificado que el empecinamiento en mantener públicamente un discurso contrario en el que se establece para el último tercio del año el inicio del crecimiento y, por tanto, el final de la crisis. Pero la batería de medidas dictadas por el Departamento de Economía y Hacienda plantea también otro motivo de análisis respecto a la justificación empleada para su implementación: la posibilidad de que el capítulo de ingresos de los Presupuestos Generales de la CAV pueda verse afectado por la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo que obliga a devolver los 435 millones de euros -el 4,5% de la recaudación fiscal prevista para este año- que en virtud de una decisión de la Junta Arbitral del Concierto y por la presión del PNV en la negociación de los presupuestos del Estado para 2010, habían ingresado las arcas públicas vascas y especialmente (300 millones) el Ejecutivo López. Porque revela el error de haber incluido en la partida presupuestaria ingresos que se encontraban recurridos, porque denota la inclinación del Gobierno López -evidente ya con anterioridad- a no empeñarse en la defensa de los intereses de la sociedad vasca y porque denotaría que bien Lakua conoce que el Gobierno Zapatero no piensa cumplir por vías políticas lo acordado en la negociación de 2010 o bien ignora la determinación de Madrid al respecto.