Pactos desde el interés general

EL Gobierno español y los sindicatos CC.OO. y UGT afrontan esta semana que hoy empieza la recta final -y por tanto definitiva- de las negociaciones que llevarán a un polémico y contestado nuevo marco cuyo meollo central está en la reforma de las pensiones. La filtración interesada de que sobre la mesa de negociaciones para este nuevo pacto social -segundo Pacto de la Moncloa lo denomina Zapatero- estaba también el alargamiento de la vida activa de las centrales nucleares, Garoña incluida, obligó a los sindicatos a acentuar su ya de por sí actitud defensiva en el proceso. La filtración no fue una casualidad y tenía como primer objetivo debilitar más la posición de resistencia de ambas centrales sindicales al aumento de la edad de jubilación a los 67 años, al incremento de los años de cotización y al intento de debilitar la capacidad de la negociación colectiva. En realidad, formaba parte de una estrategia diseñada para lograr que los contenidos del llamado diálogo social con ambos sindicatos, que ya acuden al proceso mediatizadas por su progresiva pérdida de influencia social y el fracaso de la huelga general del 29 de septiembre, no supongan una reducción de los contenidos reales de esas reformas. En ese contexto, en el que tanto el Gobierno de Zapatero como UGT y CC.OO. participan desde posiciones de debilidad, la irrupción del debate energético pendiente en el Estado español busca aprovechar la situación de crisis para ganar espacio en favor de los intereses de las empresas energéticas y, de paso, hurtar el necesario debate desde criterios objetivos y sin demagogias ni manipulaciones interesadas sobre el futuro del modelo nuclear. El consenso, los pactos, son positivos en función de los contenidos y, al igual que la estrategia de la confrontación y la protesta social que plantea el modelo sindical de ELA, LAB y otros, sólo tienen sentido si el resultado final supone alcanzar acuerdos eficaces que beneficien a los intereses generales de la sociedad. Y no parece que la participación en una negociación en la que la parte más fuerte pretende incluso intercambiar pensiones por neutrones, como la de organizar huelgas generales de dudosa eficacia política y legitimidad social, permitan a día de hoy poder detener las consecuencias más agresivas de las reformas planteadas. Así las cosas, sólo la necesaria flexibilización de posturas puede llevar a un acuerdo fructífero y sostenible tanto desde el punto de vista económico y de futuro para las pensiones como desde la perspectiva social, especialmente sensible en este asunto. Todo parece indicar que hay margen para el acuerdo, mediante la puesta en marcha de mecanismos que atemperen, de facto y en determinados casos, la ampliación de la jubilación a los 67 años. El interés general siempre está por encima de las cuestiones particulares o partidistas.